El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acumula en su corta etapa al frente del Ministerio Público, que se remonta a finales de enero de este mismo año, todo un rosario de reveses judiciales. Un listado de varapalos que, esta misma semana, sumó el último: la anulación por parte del Supremo del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática.
La designación tumbada de Delgado es una decisión del Alto Tribunal que llegaba después de que el pasado noviembre, también el Supremo, apreciara «desviación de poder» por su parte en el nombramiento previo de su antecesora como fiscal togada.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio a conocer su fallo, con unos días de antelación a hacer pública la sentencia en la que desarrollará los argumentos por los que resolvió estimar los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, que figuraba como candidato al cargo que finalmente obtuvo Delgado.
Además de anular el Real Decreto por el que se acordó el nombramiento de la exministra, el Alto Tribunal adelantó su intención de ordenar retrotraer el procedimiento administrativo para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es o no compatible que Delgado asuma el cargo al ser la esposa del que fuera juez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos.
Esta resolución se registra casi un mes después de que el Consejo de Ministros ejecutara la sentencia por la que el propio Supremo, en noviembre, ordenó anular el ascenso de la extitular de Justicia a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar del Alto Tribunal.
En aquella ocasión, el Supremo estimó en parte el recurso presentado por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, y ordenó retrotraer las actuaciones «al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza».
Poder Judicial
Dicha decisión conllevó otro revés para García Ortiz, dado que a raíz de aquella sentencia el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) se opuso a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le eligiera para repetir como fiscal general.
A finales de noviembre, el Pleno emitió un informe no vinculante en el que explicaba por qué no le consideraba idóneo para el cargo: su política de nombramientos discrecionales, la sentencia del Supremo sobre Delgado, su criterio con la Ley del solo sí es sí y su «inactividad» para defender a los fiscales del procés de las acusaciones de lawfare. Fue un pronunciamiento inédito, pues el órgano de gobierno de los jueces no había informado nunca en contra del candidato de Moncloa.
No obstante, el presidente del Consejo y otros cinco vocales redactaron un voto particular en contra del criterio de la mayoría para defender que García Ortiz sí reunía los méritos y requisitos para ser fiscal general y que el Pleno «debería haberse limitado a la verificación de su idoneidad» como fija la ley y no debió tener en consideración el fallo del Supremo sobre el nombramiento de Delgado.
'Caso Tsunami'
Dos meses después, la Fiscalía General del Estado sumó otro revés cuando el Alto Tribunal -en contra del criterio fijado por la número dos del Ministerio Público- acordó abrir causa penal al expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont y al diputado del Parlament de Cataluña Ruben Wagensberg por presunto terrorismo en relación con el caso Tsunami.
El Supremo incidió en que en el informe de Ángeles Sánchez Conde se cuestionaban «uno a uno» los indicios contra Puigdemont «con una subjetiva interpretación de los mismos». Además, recordó que no era «aceptable analizar cada uno de aquellos elementos y darles otra interpretación, o bien a aislarles del conjunto probatorio extrayendo sus propias conclusiones».
Por su parte, el Alto Tribunal se alinéo con las conclusiones a las que llegó la mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de la Sala de lo Penal del Supremo, que el 6 de febrero -por 11 votos frente a cuatro- aseguró que sí había indicios suficientes para proceder contra el dirigente de Junts y Wagensberg y -por 12 a 3- que podía haber delitos de terrorismo.
Cabe recordar que, ante la discrepancia de criterios entre los dos presidentes de dicha sección de la junta de fiscales, Sánchez Conde -como superior jerárquica- emitió un informe definitivo para unificar la postura del Ministerio Público en el que se oponía a que en la causa de Tsunami Democràtic se investigase por terrorismo a Puigdemont y Wagensberg.
La pareja de Ayuso
A la lista de reveses que acumula el Ministerio Público en los últimos meses se suma también la decisión que esta pasada semana adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En contra del criterio impulsado por la número dos de Fiscalía y avalado por la Junta de Fiscales de Sala, admitió a trámite la querella que presentó Alberto González, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres por la presunta comisión de un delito revelación de secretos por funcionario.
La supuesta revelación de secretos guarda relación con la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid -el pasado 14 de marzo- en la que se informaba sobre el cruce de correos entre el abogado del novio de la dirigente regional madrileña y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal.
Su nombramiento
Con todo, la Fiscalía General del Estado está pendiente de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz como jefe del Ministerio Público. La APIF acudió al Alto Tribunal al creer que «no es idóneo para desempeñar» el cargo, basándose en el fallo relativo al primer nombramiento de Delgado y en su reprobación por parte del Poder Judicial.