Uno de los daños colaterales de la presión del nacionalismo en la política española es el desinterés expresado deliberadamente por el Gobierno central para implementar verdaderas políticas de Estado en materias fundamentales para el desarrollo del país y para la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos. Quizá sea la educación el más claro ejemplo, con una renuncia muchas veces expresa a ejercer sus competencias en materia de coordinación de un sistema educativo más ocupado en maquillar estadísticamente sus disfunciones que en garantizar su calidad y su equidad.
Sin embargo, los estudios independientes sobre la materia coinciden en destacar la existencia en la práctica de 17 modelos educativos tan dispares que el nivel de formación de los alumnos en España depende más de su código postal que de su esfuerzo y sus capacidades. Esta desigualdad de modelos educativos genera una clara discriminación en el alumnado que tiene su máxima expresión en la EBAU, tal y como recoge el informe 'Estudio comparativo de las pruebas de acceso a la Universidad en las 17 CCAA españolas' presentado recientemente y que, en palabras de uno de sus impulsores, el profesor Julián Ruiz-Bravo, lleva a conclusiones desoladoras: "No se busca la excelencia, sino facilitar que el alumno obtenga la máxima puntuación". El documento revela un vergonzoso trapicheo de los gestores educativos de algunas comunidades que incluso lleva a excluir de la evaluación bloques de contenidos obligatorios con el único fin de inflar las notas, sin que se conozca actuación alguna en este sentido por parte de la Alta Inspección, dependiente del Ministerio.
El interés general, la utilidad para los alumnos y el sentido común dicta la necesidad de una prueba unificada de acceso a la Universidad que garantice la igualdad de condiciones de todos los estudiantes. Pese a ello, la conveniencia política y el autoengaño de algunas comunidades, especialmente las gobernadas por nacionalistas, vetan esta y otras posibilidades que puedan inducir a pensar que existen vínculos compartidos. El argumento empleado, generalmente por voces de la izquierda, de que no puede existir una evaluación homogénea ante modelos educativos dispares es tan razonable que exige inmediatamente, en aras de la igualdad de oportunidades sobre la que supuestamente asientan sus ejes políticos, una coordinación efectiva de los diferentes sistemas que no generen discriminación.
Es evidente que con el actual sistema quienes pierden es el sector más desfavorecido de la población que puede vivir en una burbuja de éxito estadístico durante todo su periodo formativo para, posteriormente, darse de bruces con un mercado laboral que le exigirá excelencia y calidad reales. En este momento, sus conocimientos y sus capacidades serán su única herramienta para subirse a un ascensor social en el que ocupan plaza fija quienes no tienen ninguna necesidad de recurrir a la tan denostada meritocracia.