En pocos meses arrancará el examen para acceder a los estudios universitarios. Hace años se llamaba prueba de madurez, posteriormente pasó a denominarse selectividad y ahora tiene diferentes nombres (PEvAU, EvAU, EBAU, PAU, ABAU, PBAU, EAU) según cada autonomía, que ni en eso nos hemos podido poner de acuerdo.
Este curso será el primero en verse afectado por el cambio que supuso, en 2020, la aprobación de la LOMLOE (coloquialmente llamada Ley Celaá) que derogó la ley anterior (LOMCE) y abrió un periodo de transición de varios años para implantar el nuevo currículum. Por ello, la selectividad presenta algunas diferencias con años anteriores. Los exámenes durarán 15 minutos más, se podrá elegir entre examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía y las pruebas de la fase general se centrarán más en razonar que en memorizar, por lo que el tribunal podrá plantear preguntas de opción múltiple (los típicos test), preguntas semiabiertas (en las que habrá que exponer una breve explicación de la respuesta) y preguntas abiertas (que exigirán una respuesta amplia y razonada).
Este año comienza tímidamente el proceso de cambios paulatinos que, según el gobierno actual, terminará en 2028 (suponiendo que quien gobierne ese año no decida cambiar todo); destacará mucho la adquisición de competencias, que evaluará a los alumnos no sólo por lo memorizado sino también por su capacidad para aplicarlo en la resolución de problemas, análisis crítico de la información y otras habilidades esenciales necesarias en la vida y el mundo laboral.
El punto más llamativo de la nueva selectividad es la «prueba de madurez», la sustitución de las asignaturas de la fase general por una prueba de madurez académica (aún por definir) que estará basada en un dossier, con distintos documentos, sobre un tema concreto para que los alumnos lo analicen desde distintas perspectivas (tampoco está determinada la forma de evaluación). Supondrá el 75% de la nota. Y por eso ha sido objeto de numerosas críticas, ya que las demás materias sólo aportarán el 25% restante, lo que devaluará los conocimientos necesarios cara a la universidad.
La nueva selectividad arrastra un lastre histórico. Como las competencias educativas residen en las comunidades autónomas (cada comunidad realiza sus pruebas de acceso), el gobierno argumenta que no sería legal desarrollar un examen único de selectividad. Me parece una pobre justificación. En mis lejanos tiempos de bachillerato las pruebas de acceso eran nacionales e iguales. ¿No puede hacerse una evaluación idéntica para todo el estado como se hace con el MIR para medicina? ¿No se pueden organizar unas pruebas con el mismo grado de dificultad aunque no sean idénticas? No es justo que el resultado de unas pruebas fundamentales para tu profesión futura dependa del lugar en que estudies.
Y mucho me temo que este curso nuestro alumnado volverá a ser el castigado ya que seguimos sin una evaluación común para todo el territorio nacional, lo que supondrá que se mantengan, injustamente, pruebas nada ecuánimes entre las autonomías, lo que implicará una enorme desventaja a la hora de acceder a los grados de 'números clausus' o a los de doble titulación a pesar de ser de los más preparados, como ha señalado el informe PISA. Es imprescindible la definición de una prueba simultánea, única y común en toda España porque no es asumible que en un distrito único haya 17 pruebas diferentes de acceso.