La covid-19 ha supuesto un revolcón inesperado para todas las estadísticas económicas, sociales y demográficas. La pandemia desatada hace ahora un año sigue arrastrando hacía sí todo lo que encuentra a su paso. Y los pensionistas no iban a ser menos. Castilla y León cerró el 2020 por primera en décadas con menos beneficiarios de prestaciones contributivas que el año anterior, una cuestión directamente achacada a la mortalidad derivada de la covid-19, que ha hecho especiales estragos entre la población de más edad, los principales receptores de pensiones como jubilación o viudedad. Tal es así que la Comunidad terminó 2020 con 612.000 pagas contributivas, 4.000 menos que el año anterior (-0,7%). Esta cifra, sin embargo, no esconde el verdadero drama autonómico derivado de la pandemia, y es que, según las cifras delMinisterio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, Castilla y León registró el pasado año 38.240 bajas en las pensiones contributivas, una cifra que supone un 30% más que la media de este siglo, que rondaba las 30.000 bajas anuales. Es, igualmente, la primera vez que ocurre estos desde que hay registros. Un exceso de 8.000 bajas que se concentra en las pensiones de jubilación y viudedad, con un desfase de receptores eliminados del sistema de la Seguridad Social de 5.000 y 2.000 sobre la media del siglo. Dos contributivas muy ligadas a la mortalidad en edades avanzadas de la covid-19, y que, de hecho, han impulsado igualmente el número de altas en las pensiones de viudedad hasta las 9.500, un 20% más sobre la media de las últimas dos décadas.
Una dura realidad que confronta con la del conjunto de la nación, donde la cifra total de pensionistas creció un 0,1 por ciento respecto al inicio de 2020. De hecho, solo siete de las 17 autonomías registraron un descenso interanual entre los perceptores de contributivas. Castilla y León ha sido la más golpeada en este sentido, convirtiéndose en la primera autonomía que más pensionistas perdió porcentualmente y la segunda en números totales, solo por detrás de Cataluña, cuya caída supera los 6.500, dos mil más que la Comunidad.
Mayores cuantías.
Sin embargo, el descenso del número de contributivas en Castilla y León no ha frenado el repunte de la nómina que elMinisterio tiene que abonar a los pensionistas de la Comunidad, que roza ya los 625 millones al mes, casi un tres por ciento más que a principios de 2020, lo que traducido a números supone casi 17 millones de euros más. Una cuantía que no tiene visos de doblegar la curva toda vez que Castilla y León es la región de España que anotó una mayor revalorización anual de la pensión media, con un 3,5 por ciento más y 1.020 euros. Esto deja a la Comunidad ya a solo 0,7 puntos de converger con la media española.
La distopía entre menos pensiones pero más factura tiene una fácil explicación: los nuevos receptores de contributivas perciben, de media, un 40 por ciento más que los que se dan de baja. Es decir, 1.218 euros frente a los 870 que cobraban los que se daban de baja. De nuevo, las pensiones de jubilación y viudedad son las que mayores diferencias presentan entre nuevos y eliminados. Tal es así que los nuevos jubilados cobran 300 euros más que la media y su nómina se acerca ya a los 1.500 euros. Carreras profesionales más largas y mejores cotizaciones explican el motivo por el que la nómina de las jubilaciones no deja de crecer, impulsando igualmente el total autonómico.