La catedrática en Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, Mercedes Molina, trasladó a los responsables políticos de todas las formaciones que consensuen la mejor manera para aplicar la denominada 'fiscalidad diferencia', y consideró necesario que se intente beneficiar a aquellas empresas que tengan un arraigo territorial, a las empresas familiares que están adheridas al medio rural y crean, riqueza local, es decir a aquellas pequeñas y medianas empresas vinculadas preferentemente a la denominada España Vaciada.

Fue el informe elaborado por esta catedrática soriana la que impulso a la Unión Europea a cambiar las reglas de juego respecto al reparto de los fondos europeos. Mientras que PP y PSOE e incluso las patronales de Soria, Cuenca y Teruel se atribuyen el logro de conseguir el reconocimiento de Europa de bonificar fiscalmente a los territorios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, fueron sus documentos, en los que muchos días de trabajo, y el trabajo de varios políticos que "creyeron" en ella los que propiciaron el germen del trato discriminatorio positivo para las provincias que casi son desierto demográfico.

En su opinión la política territorial desarrollada por la Unión Europea tuvo sus logros y sus sombras. Al respecto, agregó que uno de esos factores negativos fue que no tuvo en cuenta en el reparto de fondos el criterio de territorios con baja densidad de población que afectaba a buena parte de la España de interior.

En 2015 inició un estudio que evidenciaba como durante la trayectoria de la política territorial europea se había considerado como elemento territorial de actuación o bien al Estado a través de los fondos de cohesión o a las regiones ( comunidades autónomas) a través de los llamados fondos estructurales y que al mismo tiempo para definir esas comunidades autónomas receptoras de fondos el único criterio que se había utilizado era el de la renta per cápita.

Ante esto, se puso como objetivo el cambio de las reglas de juego, dado que los logros de crecimiento económico a través de la renta per cápita de las regiones que se habían beneficiado de los fondos estructurales como Castilla y León- que era objetivo uno- no había tenido una respuesta equitativa en todos los territorios. "A pesar de la llegada de fondos nos encontrábamos con un fenómeno de despoblación continuada por falta de perspectivas económicas y sociales de buena parte de la ruralidad de esas regiones que eran objetivo uno", destacó.

El informe que elaboró en 2015 planteaba la necesidad de considerar otros criterios de medición que determinarán problemas territoriales como la perdida de población o situación de muy baja densidad  y, al mismo tiempo, determinar para su aplicación unidades territoriales medianas NUTS 3 (provincias) o LAU que son lo local (municipios).

"Creí conveniente que la política territorial de la Unión Europea debía de considerar para atender los problemas territoriales, otras unidades o variables de medidas como despoblación y la baja densidad y que la cuestión debía sustentarse no sobre la región sino a través de unidades menores, es decir, la provincia o lo local. Algo que nunca se había planteado en la Unión Europea", matizó.

La catedrática reconoce que ella "con su teoría" nunca habría llegado a ningún sitio, y matiza que fue el alcalde de Soria, Carlos Martínez; la entonces responsable de la sección internacional de la Federación de Municipios y Provincias, Juana López Pagán y un representante de la región de Escocia del Consejo Europeo de Municipios y Provincias, Sebastián Pazos, los que creyeron oportuno hacer valer el informe ante Europa. 

"Conseguimos que esas ideas que yo defendía se incorporaran en el informe que aprobó el parlamento europeo sobre reto demográfico. El informe fue presentado por la eurodiputada socialista, Iratxe García, que incorporó estas ideas a través once enmiendas. Ella consensuó la cuestión con otros grupos políticos y fue aprobado en noviembre de 2017", defendió.

El informe fue la base para cambiar el reglamento de la UE respecto al fondos europeo de desarrollo regional, según Molina, quien precisa que todo lo que no aparece en los reglamentos o en los tratados de la Unión no se puede aplicar.

"La clave fue que se aceptará esas dos ideas: determinar problemas territoriales a nivel de provincias y que medidos no por la renta per cápita sino por el criterio demográfico. Esto fue el gran logro de todas nuestras actuaciones y esto se aprobó en el Parlamento Europeo en febrero de 2018 y el Consejo Europeo lo refutó en diciembre de 2020", rememoró. Molina puntualizó que  las patronales de Soria, Cuenca y Teruel y el resto de fuerzas políticas "reforzaron el trabajo previo", que posibilitó que se reconociera que los problemas territoriales había que medirlos en unidades territoriales menores que la región y con otros criterios que no fuera la renta.

"La UE en abril de 2021 publica un documento que no se titula la fiscalidad diferencia sino 'Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional' y en varias páginas incorpora por primera vez que esas ayudas no tengan una significación regional sino también en los territorios NUTS 3, es decir, en las provincias con menos de 12,5 habitantes por kilómetro y sus zonas adyacentes o continuas", indicó.

Consenso

Es ahora, según Molina, cuando el Estado español tiene que analizar el documento y cómo se deben aplicar en esos territorios diferenciados, según Molina, quien advierte que Europa marca una burocracia "estricta" y las empresas tienen que cumplir unas condiciones e incluso tienen que justificar las ayudas con la presentación de proyectos concretos.

La catedrática no quiere atribuirse el mérito de haber cambiado, en parte, las reglas de juego de los fondos europeos, y señala que su única intención con esto fue "trabajar por su tierra y por aquellos territorios que han sufrido, porque la respuesta de Europa, del Estado y de las comunidades autónomas no fue la adecuada durante una época en la que llegaron muchos fondos a España. 

"Los políticos tienen que trabajar y determinen normas y reglas consensuadas. Creo que la fiscalidad diferenciada debe de ser aprobada con el mayor consenso posible. En el período entre 1994 y 1999 Castilla y León ya recibía fondos estructurales de la UE, que ya significó a provincias como Soria, Segovia y Ávila como prioritarias para recibirlos  e incluso recomendaba que se invirtiera en estas provincias en infraestructuras, cultura y medio ambiente", recordó.