Que en el nuevo Consejo de Ministros tengan asiento tres ministros de origen castellano y leonés debería tener una ventaja competitiva, que se diría en términos empresariales. A los dos procedentes de Valladolid, Óscar Puente y Ana Redondo, hay que sumar a la titular de la cartera de Defensa, Margarita Robles, natural de León y exdiputada por Ávila. La propia delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, ha subrayado que el Gobierno de España será «muy sensible con las necesidades de Castilla y León» con la presencia de tres ministros de la región. Y, aunque un miembro del Ejecutivo se debe a toda la nación, todos sabemos que cada uno trata luego de dejar su impronta en la patria chica.
Más allá de esa realidad cuantitativa, no es menos cierto que este territorio tiene pendiente varias infraestructuras que llevan años en el dique seco, a lo que se unen las peculiaridades demográficas y geográficas de la región. Por mucho que se haya dicho, parece que hay que insistir en recordar que es la más grande del país, y, sin embargo, representa un pequeño porcentaje del PIB nacional. Sufre como ninguna las consecuencias de una constante despoblación y eso repercute en las dificultades para fijar empleo de forma equilibrada en su amplio territorio. Las cifras macroeconómicas no describen una mala situación, pero esconden ciertas debilidades más acentuadas de lo que indican las aparentes fortalezas. Castilla y León es un gigante geográfico, pero un territorio expuesto a debilidades coyunturales desde el punto de vista económico. Ocupa casi el 20% de la superficie del conjunto de España, pero se sitúa lejos de esa potencialidad con apenas el 5% de la población, de la riqueza y del empleo nacional. En los últimos 20 años, un alto porcentaje de municipios ha perdido población y no olvidemos que es una Comunidad más grande que Portugal o que Irlanda, por poner dos ejemplos, y con muchos menos habitantes que Madrid capital. Y todas estas singularidades y otras más deben ser tenidas en cuenta en las deliberaciones del Consejo de Ministros. 
Después de los acuerdos del Gobierno presidido por Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas catalanes y vascos que, entre otras prebendas, incluyen importantes concesiones económicas para ambas regiones, el panorama para los castellanos leoneses pinta aún peor. Y esto es tan evidente como que la lluvia cae del cielo, porque la probable creación de un cupo catalán similar al de los vascos reducirá, sin duda, los recursos para las políticas públicas del Estado y, por ende, del resto de comunidades autónomas. Otro aspecto, no menor, de la experiencia de Castilla y León, ha sido su capacidad para mantener un equilibrio entre la autonomía y la cooperación a escala nacional. A través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comunidad ha colaborado lealmente con el gobierno central de turno y con el resto de los territorios en cuestiones de índole fiscal y presupuestaria. Esta colaboración ha sido fundamental para mantener la estabilidad económica y social del país. Por esa razón, ante las discusiones sobre la revisión del modelo de financiación autonómica, no sería tampoco de justicia seguir en el vagón de cola, con un trato desigual por intereses estrictamente políticos. 
En mi opinión, todo lo anterior ya tiene suficiente peso como para que los tres ministros del Gobierno tomen buena nota y ejerzan de perfectos mosqueteros para que sus paisanos de Castilla y León podamos aspirar en igualdad de condiciones y oportunidades al trascendental desafío que impone este nuevo tiempo. Lo contrario agrandará aún más la herida abierta y el trato discriminatorio que sufrimos desde hace décadas.