Los cuerpos de Policía Local de Castilla y León ensanchan sus funciones bajo una nueva legislación adaptada a los tiempos al sustituir una normativa que data del año 2003. El anteproyecto de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales aprobado este jueves por el Gobierno autonómico incluye la mejora de las condiciones de prestación del servicio policial; seguridad jurídica en aspectos controvertidos; una mayor homogenización; y la promoción de la carrera profesional como líneas generales sobre las que se sustenta el nuevo articulado que ahora tendrá que ser ratificado por las Cortes. «Es una ley moderna, muy participativa, que responde a las peticiones de ayuntamientos y de las personas integradas en estos cuerpos», resumió el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que detalló las novedades que incluye la misma.

El nuevo texto apuesta por favorecer la movilidad horizontal dentro de los cuerpos de Policía Local al servicio de los grandes ayuntamientos de Castilla y León, al tiempo que también suma medidas para proteger a las agentes locales que estén embarazadas o en período de lactancia. «Aborda de manera integral las necesidades de los cuerpos de policía local», abundó Suárez-Quiñones, que señaló que el documento que se elevará a las Cortes para su debate y aprobación también integra la posibilidad de asumir «procedimientos disciplinarios de los agentes».

Un ámbito, el de las sanciones, que reconoció que «no es competencia de la Junta», pero sí podrá tramitar un expediente sancionador vía convenio con los distintos ayuntamientos. Y es que el anteproyecto establece varias vías de colaboración entre la administración autonómica y las locales.

Otro de los aspectos que se regulan a pesar de que el Ejecutivo no tiene competencias directas sobre ello es la posibilidad que adquiere la Junta para retirar el arma a un agente. A pesar de que la gestión directa en este ámbito corresponda a la Guardia Civil, Suárez-Quiñones explicó que la norma lo que hace es estipular las causas y los expedientes en las que se procederá a su retirada «inmediatamente» sin perjuicio de las competencias de la Guardia Civil. Para ello, se establecerán una serie de principios básicos de actuación que se incluirán en el nuevo código ético de conducta.

Igualmente se da un lavado de cara al régimen de formación de los agentes con el objetivo de alcanzar «mayores cotas de homogeneización» en los cuerpos de Policía Local e «incrementar las capacidades de coordinación» de la Junta en esta materia. Por último, la norma potenciará la promoción interna y la movilidad de los efectivos policiales para «acelerar» la conciliación de la vida familiar y profesional y el desarrollo de la carrera profesional.

Protección de la mujer

El nuevo texto establece que los policías locales podrán adquirir nuevas competencias en materia de  cumplimiento de órdenes dictadas por la Junta en materias relativas a la mujer o la protección del menor y también funciones de vigilancia y protección de personas, órganos, edificios o intereses de la Comunidad.

Inspeccionar actividades

El anteproyecto incluye la posibilidad de que estos cuerpos puedan inspeccionar actividades sometidas a ordenación o disciplina por parte de la Junta o la actualización legal en la orden y ejecución forzosa de actos o disposiciones de la Administración de la Comunidad Autónoma:  «Se potencia la labor de coordinación».

Derechos y deberes

El Estatuto de Personal regula los «derechos y deberes» de los policías, los premios, distinciones, condecoraciones y distintivos, lo relativo a salud laboral, la regulación de la segunda actividad, donde se «fija» la edad para la misma,  que se suma a las otras mejoras en materia de flexibilidad y de conciliación.