Los rectores de las universidades públicas y privadas de Castilla y León aprovecharon la presencia tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del ministro de Universidades, Joan Subirats, durante la quinta edición del Encuentro Internacional de Rectores de Universia, para pedirles que "escuchen" a las universidades de la Comunidad antes de aprobar los reales decretos de desarrollo de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que lamentan que cercena la autonomía universitaria.

El más categórico fue el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que en declaraciones concedidas a Ical aseguró que ha aprovechado el Encuentro Internacional de Rectores de Universia, organizado en Valencia por esta entidad participada del Banco Santander, para "compartir con los colegas del sistema universitario, también de Castilla y León, la preocupación por los borradores de Real Decreto, tanto de prácticas como de departamentos, que atentan contra la autonomía universitaria".

Unos borradores que, en el caso del Real Decreto de Departamentos, la Universidad de Salamanca llevará a los tribunales "si se aprueba tal y como está". "Otros rectores piensan lo mismo, que supone un atentado contra la autonomía universitaria", recalcó Rivero, que también pidió más "transparencia" en la interlocución entre la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Ministerio ante el "grave perjuicio" que tanto ese decreto como el de prácticas tendría "no solo para la autonomía universitaria, sino para la formación de los estudiantes".

"Las alegaciones que se han presentado, miles, deberían ser tenidas en cuenta", consideró el rector de la USAL, que no obstante recordó que no se ha tenido "una experiencia positiva con la LOSU", pero que, en este caso, al ser "decisión del Gobierno", llamó a "escuchar", mientras consideró que "visibilizar la común oposición a alguna de esas medidas es una buena idea", en relación a la posibilidad de establecer una posición conjunta con el resto de universidades de Castilla y León.

También apuntó en ese sentido el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, al manifestar que en Castilla y León "hay una oportunidad, que debe liderar la Consejería de Educación, para concretar una línea de actuación común que nos identifique como Comunidad autónoma para resolver los problemas de nuestras universidades" ante la entrada en vigor de la LOSU y el desarrollo normativo a través de los reales decretos.

"Tenemos buena sintonía entre las universidades", defendió, por lo que pidió enfocarlo de una manera conjunta para "resolver problemas" frente a unos reales decretos que "apuntan nuevos problemas en el horizonte" y donde también consideró importante la interlocución con la CRUE y con otros actores del sistema universitario para "trasladar al Gobierno los problemas y las necesidades reales de las universidades", recordando al Ejecutivo que "no es lo mismo oír que escuchar".

En la misma línea se pronunció el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, al reclamar "escucha", una reivindicación "continua y permanente", y para la que reconoció que "falta organizarnos a nivel de la CRUE" con el objetivo de que "se escuche a todos los rectores y no solo a algunos", incidiendo en la necesidad de llegar en Castilla y León a establecer "un mensaje común que desde el propio Gobierno de la Junta se tenga en cuenta".

Financiación y "cariño"

Además del proceso de escucha que los rectores de las universidades públicas de Castilla y León presentes en Universia reclaman al Gobierno, también los máximos mandatarios de la UVa y de la UBU exigieron "financiación" al Ejecutivo nacional porque "sin financiación, no hay LOSU".

Incidió en esta idea Pérez Mateos para augurar "problemas" si no se alcanza, por un lado, el 1 por ciento del PIB en la financiación de las universidades por parte del Estado y, por otro, si no se cierra "muy bien" con los gobiernos de las comunidades autónomas "el destino finalista de esa financiación", porque actualmente, con la aprobación de la LOSU, "hay muchas cuestiones que generan inquietud", entre las que mencionó el estatuto del PDI y las prácticas externas e internas.

Por su parte, y en la misma línea de reclamar financiación, Antonio Largo derivó al Gobierno la petición de "aclarar el panorama" a través de los reales decretos para "tranquilizar" a una comunidad universitaria que "está intranquila con las consecuencias que puede tener el desarrollo de la LOSU", por lo que pidió "un poquito de cariño a las universidades" por parte del Gobierno "a la hora de desarrollar los reales decretos que se están gestando ahora".

Sintonía entre públicas y privadas

Además de los máximos representantes de tres de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, a Universia también acudieron los rectores de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, David García López; de la Universidad Pontificia de Salamanca, Mirian Cortés; y de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez, que coincidieron en sus planteamientos con las peticiones y críticas sobre la LOSU realizadas por sus homólogos en las universidades públicas.

Así, el máximo representante de la Universidad Europea Miguel de Cervantes pidió que "la unidad que sí muestra el sistema universitario español" en muchas cuestiones se recupere también ante "algo tan importante como la LOSU", de la que reconoció "ciertos avances" pero también "aspectos que suponen un retroceso" y que hace que "no sea la ley que necesitaba el sistema universitario español".

Por eso reclamó al Gobierno "diálogo y escucha" ante el desarrollo de los reales decretos y a la CRUE que aúne "el parecer de las universidades españolas y sus rectores" para "elevar la voz en un momento crucial" ante cambios en el sistema universitario como la inteligencia artificial, que señalan "tiempos complejos".

La rectora de la UPSA, Mirian Cortés, también mantuvo su esperanza en que la CRUE "dé voz a todos" ante una LOSU que "no aporta gran cosa" y, además, "da menos autonomía a las universidades", exponiendo una gran "cantidad de trabas y requisitos" que llevan a la imposición de "un modelo único" frente al sistema actual de universidades que "aporta pluralismo y valor a la sociedad".

Por último, la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez, consideró que la LOSU "no viene a transformar la universidad española para bien" al no abordar los problemas "más importantes" y exigir a las universidades privadas "lo mismo" cuando no da las mismas oportunidades para acceder a las convocatorias públicas, situación por la que pidió a la Consejería de Educación de la Junta que "ejerza la autonomía y ayude a su sistema universitario a crecer y evolucionar" sin seguir "el modelo nacional" que "tiende a la unificación y la politización" de la universidad española.