Entre las buenas noticias que, por suerte, se deslizan entre tanta confrontación política en el Congreso de los Diputados cabe destacar la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular impulsada por más de 900 asociaciones con el fin de debatir si se entrega el permiso de trabajo a medio millón de personas que se encuentra en el país de forma irregular. Es un hecho evidente que España, en general, y algunas comunidades, en particular, como es el caso de Castilla y León, necesitan de manera urgente de savia nueva para sustentar una esperanza de vida cada vez más longeva y mitigar, así, la galopante disminución de nacimientos.

La regularización de los migrantes ilegales en España es un tema complejo que involucra consideraciones humanitarias, económicas y sociales, además de una gestión adecuada que ponga freno a un efecto llamada adverso. Se estima que un 60% de las personas que se encuentran en esta situación sin papeles se dedica al servicio del hogar, el cuidado de mayores y la hostelería, mientras que el resto lo hace en sectores como la agricultura, la industria manufacturera y la construcción, principalmente. Son muchas, por tanto, las razones que convierten este cambio normativo en una imperiosa necesidad, como acertadamente argumentan los defensores de la regularización, cuyo objetivo primordial es también la garantía del respeto de los derechos humanos básicos de todas las personas, independientemente de su estatus y procedencia migratoria.

A lo anterior se suma también otra razón de peso para su aprobación, como es la dignificación de muchos de los puestos de trabajo que ocupan estas personas bajo la llamada economía sumergida. Un cambio radical de este escenario laboral permitiría a estos trabajadores contribuir de manera más efectiva a la economía formal, pagando impuestos y contribuyendo al sistema de seguridad social. Y, por supuesto, otro motivo positivo será la integración social de este colectivo para que, legítimamente, pueda participar de forma plena en la sociedad.

Todo son beneficios, en mi opinión, incluso en materia de seguridad pública al evitar la clandestinidad en pleno siglo XXI en un país desarrollado y moderno.

Hace tiempo que nuestros gobernantes debían haber impulsado este tipo de regularización por el bien de todos. Ahora tienen la oportunidad. No la desaprovechen.