Cuando la corrupción política vuelve a hacer su aparición, la crónica política vuelve a convertirse en crónica judicial, y el epicentro del debate se traslada del hemiciclo del Congreso a los trámites que se realizan en una línea casi recta que pasa por las sedes de la Fiscalía General del Estado, la sede del Partido Popular, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en las que se dilucidan los asuntos que tiene trascendencia política. Además hay otros lugares -juzgados de Madrid, Tribunal Constitucional- en los que también se investigan avatares políticos que pueden condicionar la legislatura, con ejemplos patentes de judicialización de la política y de politización de la justicia.

Al Tribunal Supremo le corresponde instruir la querella presentada contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos a cuenta de los correos electrónicos sobre el pacto ofrecido por la pareja de Isabel Díaz Ayuso a la fiscalía anticorrupción para evitar la cárcel por un caso de fraude fiscal de 350.000 euros. Los medios de comunicación están repletos de análisis técnicos contrapuestos sobre el objeto de la causa y sus responsables y cómo se daba por hecho que el Supremo asumiría la querella. La relación entre el fiscal general del Estado y el Supremo no ha sido buena desde el momento de su nombramiento.

Con nada más cruzar la calle Génova, el PP se plantó en la Audiencia Nacional y presentó una querella contra el PSOE por financiación ilegal basándose en el testimonio anónimo de dos personas que han manifestado que llevaron bolsas con dinero a la sede de la calle Ferraz. La fiscalía ha pedido el archivo y hasta el propio PP da por hecho que tendrá poco recorrido, aunque ha cumplido su objetivo de armar revuelo. No les interesa conocer la verdad y hacen un uso torticero de la justicia porque "Estamos en la vía de desgastar a Sánchez".

El enfrentamiento entre la Fiscalía y el Supremo se ha trasladado también al Tribunal Constitucional donde los primeros han pedido que se rechace la cuestión de inconstitucionalidad que el Supremo presentó sobre la ley de Amnistía por considerar que utiliza argumentos de "traza netamente ideológica y política", para impugnar "la amnistía misma, por su origen, su tramitación, por su objeto y por su finalidad".

La distancia existente ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo es de varios centenares de pasos y de la primera instancia a la segunda transitará el 'caso Koldo' cuando se convierta en el 'caso Ábalos' por la investigación sobre el exministro socialista por un caso de corrupción, con distintas derivadas de las que todavía no se ve el final, y que el PP quiere convertir en el caso Gürtel del PSOE.

El asunto que no deja de deparar noticias es el 'caso Begoña Gómez', del que siguen sin concretarse las acusaciones y en el que la esposa del presidente del Gobierno ha ido acumulando tropiezos judiciales. Pero hay una resolución pendiente de la máxima importancia, la querella por prevaricación de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado.

La Fiscalía, por el contrario, no se ha opuesto a que el Supremo tramite la denuncia por derecho al honor presentada por el juez jubilado Manuel García-Castellón contra la líder de Podemos, Ione Belarra que lo califica de forma reiterada de corrupto y prevaricador, por la insistente supuesta persecución a la que sometió a su partido.