Con las radio televisiones públicas ocurre lo mismo que con la Fiscalía General del Estado, que cuando los partidos se encuentran en la oposición prometen que nombrarán a personas que garanticen su independencia y la pluralidad y cuando llegan al gobierno autonómico y nacional se olvidan de lo que prometieron en su día, y vuelven a las andadas. Los ejemplos de los fiscales generales nombrado por Pedro Sánchez son evidentes y el nombramiento de los jefes de RTVE y en las televisiones autonómicas están a la vista como correas de transmisión de los gobiernos que hacen caso omiso de las protestas de los trabajadores que demandan independencia en su trabajo.

El Gobierno está dispuesto a cambiar la ley de RTVE mediante un decreto para desbloquear una situación anómala y establecer un nuevo Consejo de Administración que amplía sus miembros de los diez actuales a quince previstos. Bajo el discurso de aumentar su pluralidad se oculta la negociación con su socio Sumar y el intento de aislar al Partido Popular dado que, del total, once serán nombrados por el Congreso y cuatro por el Senado donde el PP dispone de mayoría absoluta.  Si no hay acuerdo en un primer momento para que sean elegidos por tres quintos de los votos, la inclusión de una fórmula de desbloqueo establece que en la siguiente votación bastará con la mayoría absoluta, la cifra de la que disponen el Gobierno y sus socios en el Congreso, que con la ampliación de consejeros tendrán asientos para repartir. 

Por supuesto, para el PP, este movimiento es una prueba más de la colonización de las instituciones por parte de Pedro Sánchez para ponerlas a su servicio. Si en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno o no pudo acometer ese cambo de mayorías por afectar a las relaciones entre dos poderes del Estado y estar sometido a la vigilancia de la Comisión Europea, en este caso el Gobierno está dispuesto a acabar con el bloqueo del PP. El partido de Núñez Feijóo tiene que decidir ahora si entra en la negociación para el nombramiento de los consejeros por mayoría reforzada, además de los que nombre el Senado donde dispone de mayoría absoluta.  

El decreto establece que los consejeros tendrán un mandato de seis años, sin que se produzcan renovaciones parciales, para "asegurar la estabilidad". Si se tiene en cuenta que Gobierno quiere que la renovación del Consejo de Administración de RTVE se haga en un mes después de su publicación en el BOE, significa que el próximo Consejo estará en ejercicio los 'mil días', según Sánchez, de la legislatura actual, y otros tantos del siguiente gobierno.

La protesta del PP choca, sin embargo, con lo que ha hecho este partido cuando ha podido. El Gobierno de Rajoy modificó la ley de Rodríguez Zapatero para que la elección fuera sin consenso y bastara con la mayoría absoluta con la que contaba el PP en el Congreso, por no hablar del control absoluto de Isabel Díaz Ayuso sobre Telemadrid, tras una modificación ad hoc de la ley.   

El Gobierno tiene prisa por sacar adelante esta norma, tanta que se pone en el ojo del huracán y se expone a las críticas de ceder una vez más ante los partidos minoritarios que le apoyan que tendrán cabida en el Consejo de Administración de RTVE  y la mencionada colonización, ocultando con esta nueva polémica la situación creada en el seno del PP por el desplante de Ayuso a Sánchez, y el fiasco de la querella contra el PSOE.