El asesinato de una integradora social por parte de dos menores en un centro de Badajoz ha supuesto un resorte para que este colectivo vuelva a reivindicar mejoras no solo en los dispositivos (como los pisos y centros de atención a menores), sino también en cuanto al intrusismo, la precariedad laboral, los protocolos de agresiones y la externalización de los servicios. El Colegio de Trabajo Social de Soria, que apoyó la convocatoria de protesta en Valladolid, ha presentado con el organismo autonómico escritos a la Gerencia de Servicios Sociales y ésta ha convocado al Consejo para estudiar la situación.
Ana Vicente y Carmen Boíllos, del Colegio de Trabajo Social de Soria, apuntan que una de las principales reivindicaciones es que hay administraciones que no exigen la colegiación obligatoria en distintos puestos de trabajo, como marca la ley, mientras las entidades sociales -Cruz Roja, Cepaim, Cáritas...- sí lo hacen. Igualmente, denuncian que se ofrecen plazas con epígrafes diferentes a trabajador social, con la intención de «pagar menos». Además, insisten en que «es una garantía para la ciudadanía», ya que el colegio no podrá responder por su praxis profesional pero sí valorar la situación y abrir expedientes. Este organismo atiende las correspondientes quejas que formulen los usuarios.
distintos ámbitos. Estos profesionales desempeñan su labor en muy distintos ámbitos, como atención a la infancia y juventud, inmigración, mayores, sanidad, educación, ámbito penitenciario... «En Castilla y León son los que valoran la dependencia en domicilio», lo que hace que esta actividad sea más conocida, aunque queda por hacer... «Ya no se nos relaciona solo con la vulnerabilidad económica y social, pero seguimos estando ahí», sostienen defendiendo el trabajo en prevención y etapas posteriores, no solo en resolver situaciones al límite. «Todos podemos ser usuarios de trabajo social» y se demuestra que la exclusión y la pobreza es hereditaria, «por transmisión intergeneracional». «Algo está fallando».
En Soria también hay casos graves, «pasa lo mismo que en Madrid pero a pequeña escala»; y se trabaja con personas «en situaciones muy vulnerables y desesperadas». Respecto a lo ocurrido en Badajoz, recuerdan que los trabajadores sociales de la Junta de Castilla yLeón son considerados autoridad, «y aún así no tenemos sistemas de protección». Esa protesta se suma a la de bajas ratios, protocolos de actuación claros ante agresiones, licitaciones a la baja en la externalización de servicios, perfiles ajustados a los recursos...
En Soria no hay ningún dispositivo de cumplimiento como el de Badajoz, del que tan solo hay uno en Castilla yLeón, concretamente el Centro Zambrana de Valladolid. Hay otros dispositivos para usuarios menores con conductas predelictivas o procedentes del citado centro, que se derivan a dispositivos de socialización, de los que en Soria hay uno. «Hay agresiones y se han puesto denuncias, con situaciones complicadas», reconocen. Por otro lado, hay dispositivos de protección directa con menores a cuyos padres se les ha retirado la tutela. «Todos ellos están externalizados, ninguno tiene titularidad pública», añaden recordando que la obligación de la inspección es de la Gerencia de Servicios Sociales, que debe hacer cumplir los contratos manteniendo las condiciones. Con las rotaciones y cambios, además, se desestabiliza a los propios usuarios.Además, denuncian que el gasto por plaza en estos recursos no corresponde con el servicio que se ofrece.
educar en valores. Antonio Oliva, trabajador y educador social con muchos años de experiencia y autor del libro Soy educador y sólo sé..., opina que a raíz de este suceso «puntual» no se puede hacer un «análisis simplista» de una situación que viene de lejos. En su opinión, hay que seguir defendiendo la educación en valores en vez del nuevo modelo de enfocar a los jóvenes a lo que la sociedad necesita de ellos, en vez de lo que pueden aportar, y vigilar el uso de las nuevas tecnologías.