Sin luz, sin calefacción, rodeado de plantaciones ilegales de marihuana y en peligro de extinción tras la firma del protocolo de realojo a 10 años. Este es el panorama que atraviesa actualmente la Cañada Real, el mayor asentamiento irregular de Europa, donde 1.300 familias afrontan un oscuro horizonte tras los cuatro años sin suministro eléctrico. 

Una situación que se perpetúa y que tiene «preocupado» incluso al papa Francisco, que recibió al párroco del barrio madrileño, Agustín Rodríguez, para hablar del incumplimiento de ese derecho básico. «El papa no entiende que haya gente viviendo sin luz en una ciudad como Madrid, es una barbaridad. Le preocupa que no hayamos sido capaces de encontrar una solución», explica Rodríguez sobre el encuentro que, por mediación del arzobispo de Madrid, José Cobo, mantuvo en agosto con el pontífice, quien «conocía las realidades» y está «muy interesado por los lugares más empobrecidos».

El corte del suministro por parte de Naturgy en octubre de 2020 afecta al sector seis de esta antigua vía pecuaria, mientras que el cinco tiene luz, pero restringida, detalla Rodríguez, que lleva desde 2007 al frente de la parroquia de Santo Domingo.

Debido a una sobredemanda de potencia, motivada principalmente por plantaciones ilegales de marihuana, «las líneas se autoprotegen y saltan» cortando el flujo como medida de seguridad, una situación que «castiga a las familias que no tienen posibilidad de encontrar otras fuentes de energía».

Se trata de «un fracaso colectivo», según el párroco, para quien la Iglesia ha intentado mediar «desde el minuto cero», pero «ni las distintas administraciones, ni las dinámicas de confrontación o de diálogo» han conducido a ningún sitio. «No ha habido capacidad en este país para resolver una situación humanitaria y de dignidad básica», asegura Rodríguez.

Mientras, los ayuntamientos han dado «respuestas paliativas, que no resuelven la delicada tesitura. El de Madrid ha facilitado leña, vales de gasolina, bombonas de butano y, durante un tiempo, un servicio de lavandería», continúa el párroco.

Rodríguez considera que hay dos posibles soluciones sobre la mesa: aumentar la potencia o disminuir la demanda, algo difícil para los vecinos. Hay elementos que requieren luz (los cultivos ilegales) y pueden encontrar otras fuentes de energía, y quienes pagan el pato son las familias que no tienen posibilidades, eso es lo preocupante», considera el eclesiástico.

Cédula de habitabilidad

Según investigadores de la Universidad Carlos III, «la irregularidad o alegalidad» de las viviendas impide a las familias obtener contratos de suministro al no contar con cédula de habitabilidad, siendo «los enganches ilegales una de las pocas formas de obtener electricidad».

Ante ello, la compañía Unión Fenosa Distribución (Grupo Naturgy) decidió «implementar cambios técnicos en la red para detectar e interrumpir el flujo en caso de sobrecorriente». Ello supuso, en octubre de 2020, el aislamiento energético de los sectores cinco (entre Rivas y Madrid) y seis (Villa de Vallecas, Madrid).

Las mediciones revelan que «las habitaciones de más uso de las casas (construcciones precarias), han registrado temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados en invierno y superiores a los 40 en verano», una situación de pobreza energética para 4.000 personas, casi la mitad niños, de las más de 7.200 que habitan en los 14 kilómetros de longitud del asentamiento.

En este escenario, el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa requirió a España, en octubre de 2022, a «adoptar todas las medidas posibles» y de forma inmediata para restablecer la luz en la Cañada Real Galiana. Un dictamen que, según Agustín Rodríguez, es «de obligado cumplimiento y, desde el punto de vista moral, un varapalo al Gobierno de España y a todas las administraciones», autonómica y municipales (Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada).

«El Ejecutivo recurrió y tiene que haber una solución al recurso interpuesto por el Estado», explica.

Acuerdo sobre realojos

El pasado marzo, el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la capital y Rivas acordaron invertir 330 millones hasta 2024 para realojar a 1.600 familias de laCañada Real.

«Ahora sí hay un dinero y en 10 años debería estar resuelto. Pero el proceso es lento. Cada convenio de realojo dura entre tres y cuatro años. Llevamos dos convenios, empezamos en 2018 y para final de 2024 se habrán realojado unas 300 familias. La pregunta es qué pasará mientras con el suministro eléctrico», agrega Rodríguez.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha planteado dotar la situación de estas familias de una «definición jurídica» que les permita hacer contrato, al estar empadronados pero sin cédula de habitabilidad.

En su escrito al Consejo de Europa, el dirigente de este organismo, Ángel Gabilondo, propone «dirigirse al Ayuntamiento solicitando licencia urbanística para la contratación del suministro provisional de electricidad», mediante «una licencia específica para estos casos».

Tras ello, aboga por «acudir a la compañía eléctrica correspondiente, quien tendría que presentar al Consistorio un proyecto de despliegue de la red». Hecho esto, «presentar al Ayuntamiento la declaración responsable para la contratación definitiva del suministro», entre otros pasos que «pueden dilatarse», pero que permitirían «una vía regular para la contratación».

Pero esta solución debería articularse «a nivel legislativo y luego ejecutivo, en un clima de diálogo que no hay ahora», lamenta Rodríguez.

Por lo tanto, la situación sigue bloqueada en un asentamiento que parece tener su fecha de caducidad en 2034. «Vamos a trabajar para erradicar el chabolismo y ofrecer una casa digna a todas las personas de la Cañada», afirma el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.