«La Junta de Castilla y León nunca ha activado protocolo alguno o medida, ni nunca va activar protocolo alguno o medida que vaya en contra de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo». Con estas palabras el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, volvió a enterrar en sede parlamentaria la posibilidad de que se implante en la Comunidad el protocolo antiaborto impulsado por Vox a principios de 2023, y que hace escasos días el propio vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, confiaba en que entrará en vigor. Una respuesta de Vázquez que llegó a pregunta de la procuradora socialista Patricia Gómez Urbán, que cuestionó al consejero sobre si «tenía pensado» poner en marcha el polémico protocolo antiaborto como solicitaba el vicepresidente autonómico.

Dos veces obtuvo la misma respuesta la socialista en boca del consejero: «nunca se ha activado protocolo alguno o medida, ni nunca va activar». «Celebro que no tengan pensado aplicarlo», verbalizó Gómez Urbán, que apremió al consejero de Sanidad a retirar el protocolo antiaborto de la página web de la Junta de Castilla y León. Además, pidió a Vázquez que las mujeres que así lo desean puedan ejercer su derecho al aborto en centros de la sanidad pública.