En los últimos días del pasado año se presentó el "Informe sobre la Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia de COVID-19", encargado por el Gobierno para analizar la gestión de la pandemia, en el que se exponen las necesarias medidas a adoptar para hacer frente a una nueva pandemia de virus respiratorio de "alta gravedad" que "no solo es posible sino probable a corto o medio plazo".

La advertencia tendría que ser suficiente para que el Gobierno y todos los responsables políticos y sanitarios se pusieran a trabajar de inmediato en corregir los errores de planificación, ejecución y normativos que hicieron de la pandemia la tragedia nacional en la que se convirtió.  Este asunto, del que por supuesto no hablaron el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición en su último encuentro, y sobre el que pasó de puntillas Pedro Sánchez en el balance que realizó de año pasado, sí que merecería ser objeto de un pacto de Estado, al menos para la elaboración de las normas que los expertos consideran esenciales para que una nueva pandemia no pille desprevenido y desarmado al Sistema Nacional de Salud: un Plan Nacional de Preparación y RespueSta ante Emergencias Sanitarias, un Plan General de Reservas Estratégicas que permita diseñar una planificación concreta ante futuras pandemias, y una ley de pandemias que recoja como hay que actuar y que limitaciones se pueden establecer a los derechos y libertades individuales para que no ocurra que el TC considere inconstitucional el estado de alarma y que la alternativa sea la declaración de un estado de excepción previsto para otras causalidades.

El informe de los expertos no es nada complaciente con la actuación del Gobierno y de las comunidades autónomas y no tendría sentido que lo hubiera sido a tenor de sus consecuencias, por lo que sería necesario que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se pusiera a trabajar de inmediato para resolver los problemas estructurales que dificultaron la respuesta al covid-19. El primero y como siempre la infradotación de personal sanitario -que es un problema sin resolver en cualquier caso- sobre todo en atención primaria; el establecimiento de unos protocolos de actuación comunes, que eviten, por ejemplo, los "protocolos de la vergüenza" de Madrid; que se evite la competencia entre comunidades autónomas para la adquisición de mascarillas, respiradores y equipos de protección individual; que se acabe con "las deficiencias en los sistemas de vigilancia epidemiológica", que no se reproduzcan fallos de comunicación y que se conozca a los integrantes de los equipos técnico-científicos que asesoren al Gobierno. Todo para asegurar la confianza de la ciudadanía en los gestores de la crisis

Del lado de las fortalezas en la respuesta a la pandemia, los expertos sitúan el esfuerzo heroico de sanitarios, militares y policías y todos los trabajadores que siguieron en sus puestos y el éxito de la campaña de vacunación, junto a la existencia de un mando único y el escudo social que protegió a los ciudadanos.

El diagnóstico ya está hecho y la cura a aplicar ante nuevas pandemias también. La duda es si Gobierno, oposición y dirigentes autonómicos han   aprendido algo, y tienen voluntad política de acordar al menos el marco de la respuesta, o si prefieren convertir la salud pública en un escenario de enfrentamiento ante una nueva pandemia posible y probable.