El sistema de la Suerte de Pinos tiene sus orígenes en el siglo XIII y en la actualidad opta a ser Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, a iniciativa del grupo de acción local Asociación Pinares-El Valle (Asopiva). Para lograr este objetivo, el abogado José Miguel García Asensio elaboró un completo informe con todos los detalles de esta valiosa práctica que «se integra en la vida cotidiana de las comunidades locales de referencia como una práctica social y económica, como un medio de vinculación con el medio forestal en un ejercicio de desarrollo sostenible y como un instrumento de combate contra la despoblación, al beneficiar a los habitantes que real y efectivamente residen en las localidades». Así, cita una sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de 8 de abril de 1959 en la que se califica la Suerte de Pinos como «un premio a los que con su residencia en una tierra pobre para cultivos vigilan los pinares cuidándolos de incendios y expolios». Aunque tiene orígenes en el siglo XIII, el primer documento sobre su existencia corresponde a un pleito entre Don Juan Manrique de Lara y el Concejo y Vecinos de San Leonardo en 1569. «El primero pretendía la concesión del derecho a pesar de no residir en la localidad y en la cuantía de doble lote», recoge esta documentación.

Hoy en día el debate está abierto en torno a varios aspectos, como la residencia habitual. Algunos ayuntamientos como San Leonardo de Yagüe y Navaleno, en Soria, y Quintanar de la Sierra y Palacios de la Sierra, en Burgos,  están realizando polémicos cambios en el padrón, eliminando a los que no viven allí de manera permanente y, más popularmente, «no hacen pueblo». Estas dos localidades de la provincia habrían suprimido a unos 300 vecinos de las suertes. A cierre de esta edición, no se conocía la presentación de ninguna demanda.

El Día de Soria habla con varios alcaldes de Pinares, comarca en la que más arraigada está la Suerte de Pinos (aunque a mediados del siglo XX se expandió hacia municipios de Pinares Llanos de Almazán), que sí abogan por una actualización a la sociedad actual porque las ordenanzas son «preconstitucionales» pero, al mismo tiempo, quieren mantener este privilegio histórico en torno a los aprovechamientos forestales como seña de identidad. 

Algún día llegará una resolución judicial que establezca que todos los empadronados tienen derecho a la suerte o que se creen o mejoren comisiones para que los vecinos decidan en qué actuaciones en torno al monte se invierten los beneficios, pero queda lejos de una fórmula que ha estado vigente durante siglos.Llegado ese momento, impulsar un cambio entre todos los municipios y depurar el sistema sería lo ideal. La situación ha cambiado, porque la gestión de los montes ya no está en manos de los vecinos ni de los ayuntamientos y lo único que reinvierte en el monte tras la venta de aprovechamientos forestales es ese 15% que obliga la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a través de una fórmula de gestión sostenible que hace que los montes de Pinares estén tan bien conservados. Desde Asopiva, también apuestan por mantener ese vínculo en la gestión del monte, de lo que han vivido muchas generaciones. 

distintas normas. El alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria, explica que la función del ayuntamiento es cumplir la ordenanza de 1959, aunque el cierto modo discrimina a algunos vecinos. Sobre el padrón, que se actualiza y «depura» a principios de año, actualmente hay cerca de 240 suertes que reciben pagos en agosto y diciembre. «Los solteros están excluidos. Se premiaba al que se casaba y tenía hijos y uno de los dos tenía que ser del pueblo», por lo que figura el cabeza de familia y en los listados casi todos son hombres, salvo los casos de viudas o huérfanas. Se podría introducir a los solteros cuando sean mayores de edad, reflexiona, pero no hay que olvidar que la Constitución recoge el derecho a la igualdad. «Si se quisiera modificar en algún momento, habría que abrirlo a todos los vecinos, los 850 empadronados», detalla. En Vinuesa se aplica una «excepcionalidad» a personas mayores que se han trasladado a una residencia fuera del municipio.  

En su día el cierre de las escuelas o las últimas crisis económicas han hecho mella en la población de los pueblos y muchos vecinos han tenido que trasladar su residencia a lugares como, por ejemplo, la capital. Pero quieren mantener su arraigo, que es otro de los factores más importantes.Al tiempo, hay familias que se han instalado en estos lugares y que contribuyen a su desarrollo y suman habitantes. Cada localidad tiene sus peculiaridades, aunque la Suerte de Pinos, como el entorno natural único, les une históricamente. 

El alcalde de Covaleda, José Llorente, reconoce que para retirar la suerte es difícil comprobar que no se reside habitualmente en el pueblo ante un juez y recuerda que ya hay sentencias favorables a vecinos que han sido excluidos. «Antiguamente había un alguacil y se hacía un seguimiento», pero eran otros tiempos en los que no se requería tanto control, sobre todo porque no había tantas segundas residencias. Las ordenanzas de Covaleda son de 1948 y se incluyen todos los vecinos -mujeres y hombres- desde los 25 años, independientemente del estado civil. «Lo mínimo que hay que tener para concederlo es estar empadronado desde el uno de enero de cada año hasta septiembre, que es cuando se solicita. Después, tienen que vivir habitualmente en el pueblo y tener casa abierta», prosigue el alcalde cuantificando los beneficiarios en un millar.  «Está bajando, sobre todo, porque fallece gente mayor con derecho a pinos. En cuanto a la gente joven,hay de todo porque los hay que se empadronan donde viven y otros que mantienen la residencia en el pueblo», comenta insistiendo en que el empadronamiento es «clave». Sobre la cantidad, depende de la madera vendida, pero en 2023 una media suerte -corresponde a una persona soltera- percibió 250 euros en fiestas y otros 200 a finales de año. En las próximas fechas se aprobará en pleno el padrón por parte del ayuntamiento, cuyo objetivo principal es cumplir los estatutos, ante la dificultad de comprobar que se cumplan los artículos 2 y 8 sobre la habitabilidad. 

Cristina Rubio, alcaldesa de Duruelo de la Sierra, explica que en 1952 se aprobó la ordenanza, que se modificó en 1982 y que actualmente está en estudio.El padrón, actualmente de 825 suertes, se aprueba cada año en los últimos meses, coincidiendo con el año forestal. La cobra todo el mundo, a partir de los 25 años, «no hay ningún tipo de machismo porque el titular es cada uno, siempre que haya sido nieto de una persona que adquiriera los derechos en su día». Hubo un intento de modificación para abrirlo a gente de fuera, que no tienen derechos por sus abuelos pero que «llevan toda la vida haciendo pueblo». «Lo vemos bien, pero la modificación de la ordenanza lleva trámites y problemas. Pero sí que tenemos que abordarlo por parte de muchos ayuntamientos porque tenemos unas circunstancias sociales que son muy diferentes a las de la aprobación de las ordenanzas», añade. «Pero queremos seguir manteniendo la custodia de nuestros montes haciendo prevalecer este privilegio que se nos otorgó en su día a los que habitamos esta tierra. Con arrojo y complicidad entre todos los ayuntamientos, hay que seguir defendiéndolo por su valor histórico y por mantener el territorio», sostiene.

En Duruelo «se solicita a finales de año y empiezan a firmar para comprobar la residencia», aprobando después si se incluyen o se excluyen vecinos. En el pueblo se han depurado las cuentas desde 2011, porque había un problema enquistado, y se han revisado las suertes desde 2015.  Así, este año se ha repartido una parte de 2011 (más de cien euros), además de una de 2018 y la liquidación de 2019 (230 euros por vecino). «No hay cuota establecida, depende de los lotes ofertados y de cómo se venda la madera», añade, explicando que quedan por repartir los lotes de 2020 y 2021 y por vender los de 2022 y de 2023, «hace falta mucha gestión todavía pero lo hemos desbloqueado, lo que era nuestro compromiso».

Desde Abejar, la alcaldesa, Carolina Romero, indica que las ordenanzas de 1958 no se han actualizado. El padrón se aprueba a final de año y hay actualmente 80 beneficiarios, que varían por fallecimiento o por cambio de residencia. Se incluye a personas casadas, viudas y huérfanas y se suele realizar un único pago, pero todo depende del dinero que se ingrese (unos 200 ó 300 euros). «Lo que da el derecho es el empadronamiento», sostieneRomero.Este ayuntamiento también ha pensado en una modificación, aunque aún no se ha materializado.

En Salduero hay actualmente 46 suertes que corresponden a 73 personas y el ayuntamiento aprueba el padrón en el mes de septiembre.Las ordenanzas se aprobaron en el pleno municipal del 21 de diciembre de 1958 y por el Ministerio de la Gobernación el 5 de junio de 1959. Se intentaron modificar para incluir la incorporación de los solteros que cumplieran con las mismas condiciones de arraigo, empadronamiento y residencia, pero la Junta de Aastilla y León no lo autorizó. Guillermo Abad, el alcalde, sostiene que tienen en mente esa modificación desde hace tiempo y siguen en ello, pero quieren que «se mantenga el vínculo como estaba, las mismas condiciones de arraigo que los que tienen la concesión, es decir, empadronados y residiendo». El consistorio tiene un libro de firmas, que se sigue respetando, y «cuando la gente se va del pueblo periodos largos suele notificarlo».Al ser pocos vecinos,  «Las condiciones cuando se aprobó no son las mismas que ahora. La gente no se casa por la iglesia, por ejemplo», añade el primer edil. No ha sido el único ayuntamiento que ha intentado hacer esta modificación. Los alcaldes están comprometidos con mantener la suerte, aunque con modificaciones que habrá que ver si se van haciendo o si todos los pueblos podrían unirse para ello y exigir mejoras, al tiempo que se declara BIC.

propuestas. El informe de Asopiva apunta medidas de salvaguarda, como el funcionamiento de comisiones o sociedades, además de inculcar el valor a los jóvenes, realizar una publicación completa, eventos, promoción en la formación.