El magistrado burgalés Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, lleva años encabezando la lista de enemigos públicos del independentismo catalán. Ayer mismo, el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, le llamó «Tejero sin bigote» durante una comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en la Cámara Alta para hablar de Venezuela. Las ocurrencias y los excesos verbales de los secuaces del prófugo Puigdemont se dan por amortizados, lo que resulta indignante es que ministros del Gobierno central se alineen con esas mismas tesis, aunque utilicen un lenguaje más sutil y menos soez para defenderlas.
Lejos de condenar esos constantes ataques de los dirigentes soberanistas a la independencia del Tercer Poder y a la labor desarrollada por aquellos jueces que les son incómodos, se dedican más bien a alentar este tipo de conductas. En un Estado de Derecho, las resoluciones de los magistrados están sujetas a la discrepancia y la crítica, por supuesto, pero estas han de estar argumentadas en criterios jurídicos y no en espurios cálculos e intereses políticos.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, tuvo ayer la ocasión de enmendar a su compañero de gabinete, el ministro de Transportes, Óscar Puente, con el que coincidió en la visita a las obras de un tramo de la línea de Alta Velocidad que unirá Murcia con Almería. Pudo haber afeado la conducta del exalcalde de Valladolid, que la víspera arremetía en una entrevista radiofónica contra el Supremo por no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont. A mayores, no se arredró y puso al Constitucional al servicio de los intereses del Ejecutivo al insinuar que el órgano presidido por Cándido Conde Pumpido terminará corrigiendo al Alto Tribunal y adoptando la decisión que más convenga al gobierno de Pedro Sánchez. Con esas declaraciones, el lenguaraz Puente ha puesto al ex fiscal general del Estado a los pies de los caballos, que de alguna manera deberá manifestar su malestar por esas palabras, porque de no hacerlo la independencia de ese tribunal de garantías volverá a quedar en entredicho.
Resulta llamativa la celeridad y contundencia con la que se expresan ahora algunos miembros del Ejecutivo para 'salvar' al expresidente de la Generalitat de todos sus delitos, frente al escapismo del que hicieron gala la semana pasada, cuando la opinión pública esperaba algún tipo de reacción gubernativa tras la performance con fuga incluida del líder de Junts. Un asunto en el que los responsables políticos de los diferentes cuerpos de seguridad están mirando hacia otro lado, sin importarles la imagen de ineficacia policial que se está trasladando a la ciudadanía.