Los socialistas aragoneses son los últimos españoles en sufrir los modos dictatoriales del presidente de Gobierno: Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que no acepta a nadie que no haya sido elegido personalmente por él para asumir alguna responsabilidad en el partido, y que aquel que le planta cara tiene todas las de perder. 

Los socialistas aragoneses, que era cosa sabida que no estaban conformes con la candidatura de Pilar Alegría a la Secretaría general, y se inclinaban mayoritariamente por Lambán, han visto cómo ese candidato renunciaba a presentarse a las primarias en el último minuto, provocando así que Alegría tenga camino libre para erigirse en la próxima líder del partido en la región.

Las razones de Darío Villagrasa para retirarse no convencieron a nadie. Tenía muchas papeletas para ser el elegido y hasta horas antes del anuncio de su retirada seguía luchando valientemente contra las consignas monclovitas. Nadie cree que renunciara en aras de la unidad, sino que las presiones han sido insoportables.

Le ha ocurrido lo mismo que a Luis Tudanca en Castilla y León, a Juan Espadas en Andalucía o a Juan Lobato en Madrid. Se resistió Miguel Ángel Gallardo en Extremadura, y ganó la batalla. Sánchez no se atrevió con Emiliano García Page, el único socialista que ganó las autonómicas con mayoría absoluta y que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha actúa según le dicta su propio criterio. Gracias al respaldo de los castellano y manchegos, se permite el lujo de hacer públicas sus discrepancias con jefe del Ejecutivo, incluso en el discurso que pronunció una vez reelegido secretario regional de su partido el pasado fin de semana.

Las presiones, cuando llegan desde la Presidencia, son difíciles de soportar. A las acusaciones de deslealtad se suman amenazas a las que intentan resistir: no formarán parte de la Ejecutiva federal, se pueden ir despidiendo de candidaturas al Congreso o al Senado, alguna embajada o un cargo en algunas de las instituciones del Estado. Sin contar que, ser un proscrito para el líder del partido, supone que sus compañeros de formación se van distanciando poco a poco del que se ha convertido en maldito.

Lo más curioso es que en muchos casos, el candidato monclovita se resistía a presentarse a las primarias. La idea de Sánchez, que recibió el varapalo más importante de su vida política cuando perdió estrepitosamente las elecciones municipales y autonómicas del 2023, es presentar en los próximos comicios a ministros que, por el cargo que ocupan, son conocidos en toda España.

 Fueron serias las reticencias de María Jesús Montero y de Óscar López, que lo tienen difícil contra Juanma Moreno o Ayuso, pero finalmente aceptaron no solo porque han sido obligados a hacerlo, sino porque se les permitirá seguir en sus cargos hasta las próximas elecciones.

Sánchez es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en Moncloa. A estas alturas lo sabe toda España y sobre todo sus compañeros de partido, que conocen muy bien lo que les espera si no asumen sus instrucciones.

No conforme con haber diseñado un PSOE con dirigentes que no asumen más palabra que la de su líder, Sánchez está tomando iniciativas muy precisas para alejar los peligros que pueden poner fin a sus ansias de permanecer en el poder. Para ello, no duda en desprestigiar a jueces y periodistas o colocar en centros de poder a profesionales afines. 

Trampas al Rey

También le preocupa el rey. Felipe VI es un patriota en el sentido más amplio y comprometido de la palabra, nadie discute que su prioridad es la defensa de los intereses españoles y el prestigio de la Corona.

El jefe del Gabinete le ha puesto infinidad de trampas para tratar de romper su trayectoria inequívocamente respetuosa con las leyes y con las competencias que le asigna la Constitución, pero el monarca no ha caído en ninguna. Tan burdas que se advertía a la legua que se trataba de maniobras, que tuvieron el efecto contrario al que se pretendía: hoy la mayoría de los españoles no solo respetan al rey, sino que se agranda su figura al ver cómo neutraliza las operaciones para minar su crédito.

Los periodistas son un peligro menor para el Gobierno, es fácil neutralizarlos colocando peones de lealtad absoluta al sanchismo en medios tan influyentes como RTVE, Prisa, o algunos periódicos siempre dispuestos a dar excelente trato a Moncloa. Reciben a cambio informaciones exclusivas o invitaciones para viajes presidenciales que antes, no ahora, estaban abiertos para todos los medios.

En cambio, a Moncloa le preocupan los jueces, ya que son los que deben investigar las informaciones que publican los periodistas rebeldes. Preocupan sobre todo todos los temas relacionados con la mujer y el hermano de Sánchez, las investigaciones sobre Ábalos y la imputación del fiscal general del Estado, a quien el propio jefe del Ejecutivo alienta para que aguante en el cargo.

Más allá del mandato

En el terreno judicial, lo que más inquieta al Gobierno es lo relacionado con la amnistía de los condenados por el procés, porque de la misma manera que Puigdemont ya no presta a Sánchez su apoyo incondicional, podría producirse una situación similar en ERC. El líder socialista confía en que el Tribunal Constitucional le haga un nuevo favor y se pronuncie a favor de que la norma pueda aplicarse sin la intervención indispensable de los jueces, pero es complicado. Aunque ante una situación así, Sánchez no duda en recurrir al decreto ley para cambiarla. 

Pretende hacerlo ahora, cuando llega la hora de que el Consejo General del Poder Judicial aborde los nombramientos de docenas de cargos, aplazados por los cinco años de bloqueo del CGPJ. Ayer, este organismo llegó a una situación impensable, con la presidenta, los consejeros elegidos por el PP y el elegido por Sumar defendiendo las mismas causas. Entre ellas, los más importantes nombramientos, los presidentes de Sala del Supremo.

Dos magistrados intachables, Pablo Lucas y Andrés Martínez Arrieta, son los que cuentan con más posibilidades de elección porque les apoya el voto mayoritario, aunque les falta uno para la mayoría absoluta. Pero al Gobierno se le ha ocurrido una fórmula para impedirlo si la mayoría lograra el apoyo necesario: un decreto ley que obligue a los nuevos presidentes de Sala del Supremo a permanecer en el puesto los cinco años de mandato. Tanto Lucas como Arrieta tienen 70 años y podrían continuar como jueces hasta los 72, pero no llegarían a final de legislatura.

Por el Madrid político corre la especie de que Sánchez se plantea convocar elecciones. Solo él lo sabe. Pero lo que se percibe es que está dispuesto a aguantar lo que sea porque no tiene garantías de gobernar si hay elecciones. Así que, mientras, legisla exclusivamente para llegar a final de legislatura… y más allá.