Es uno de los actuales quebraderos de cabeza para el Gobierno. Hace unos días, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) apuntaba a ser uno de los grandes logros para la coalición en el comienzo de 2025. Pero la decisión por parte del Ministerio de Hacienda, encabezado por la dirigente del PSOE María Jesús Montero, de aplicar el IRPF a las personas que perciben este sueldo (sin avisar previamente a Trabajo, liderado por Yolanda Díaz) podría volverse en contra del Ejecutivo como un bumerán.
La militante de Sumar ya advirtió que no se quedaría de brazos cruzados ante este escenario. Tampoco el PP y Podemos. Los tres registraron sus proposiciones de ley para dejar al SMI exento de este tributo y todas ellas fueron calificadas ayer por la Mesa del Congreso. Ahora los textos se enviarán al Gobierno, que dispondrá de un mes para decidir si las veta o permite su debate.
Por el momento, este no anticipa posibles acontecimientos. «Acaban de registrarse (estas iniciativas) en la Mesa del Congreso de los Diputados. Y me van a permitir que no adelantemos ninguna pantalla», comentaba la portavoz y titular de Educación, Pilar Alegría, sobre una de las cuestiones que más controversia está generando entre los socios de la coalición.
Algo más vehemente se mostró el portavoz del PSOE, Patxi López, que defendió la aplicación de este gravamen. El diputado socialista sostuvo que, con la última subida del SMI hasta los 1.184 euros al mes, este se ha «dignificado tanto» que ha pasado del umbral mínimo de tributación. Además, aprovechó para dejar un recado a las formaciones de izquierda: «Hagamos más pedagogía y menos demagogia».
Pero su mensaje no ha encontrado una postura conciliadora por parte de Sumar. De hecho, según fuentes de la formación, están dispuestos a pedir que se levante el veto a proposiciones de ley si Hacienda opta por esa vía.
«La pedagogía fiscal del PSOE se traduce en que un especulador que gana 1.184 euros por cada piso que alquila tiene que pagar menos impuestos que un trabajador que cobra el salario mínimo. Esto supone que cajeras, reponedores, jornaleras o cuidadoras tributen más que los especuladores inmobiliarios. Esto, según la propuesta del PSOE, ni es pedagogía ni es justicia fiscal», enfatizó la representante del partido en el Congreso, Verónica Martínez.
El debate está servido. Treinta días es el plazo límite para conocer cuál de los dos discursos acaba imponiéndose. Por ahora, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder respecto a su postura, en lo que supone otro choque sonado en el seno del Gobierno.