Nadie puede ser tan ingenuo como para pensar que un informe desfavorable a la constitucionalidad de la ley de amnistía emitido por tres letrados del Congreso, en abierta discrepancia con su jefe, puede tumbar el más controvertido de los proyectos de ley alumbrados por un Ejecutivo en la última década.
Como nadie puede confiar en que la arremetida de Felipe González contra la amnistía a los implicados en el 'procés' en general y a Puigdemont en particular baste para que el PSOE se vuelva en contra de los planes de Pedro Sánchez. Ni debería confiarse en una implicación decisiva de la UE y su comisario Reynders para tumbar un paso que, en el fondo, sospecho que a Europa le importa un bledo. Ni tampoco es seguro que presuntas actuaciones de los jueces españoles ante los tribunales europeos tengan un efecto decisivo para frenar una medida que, por lo demás, también se ha mostrado bastante impopular en las encuestas. Ahora bien: todo esto, sumado, ¿será capaz de revertir una situación que muchos dan ya como virtualmente hecha, sin retroceso posible? No lo sé, francamente, aunque lo dude. Pero yo hoy diría que la amnistía es un poco menos probable que ayer, quizá más que mañana, quién sabe.
Como decía Jefferson, se puede mentir alguna vez, en alguna parte y en mucho. Pero no en todo, todo el tiempo y en todos los lugares. Lo mismo cabe decir de un desafío permanente a las reglas del equilibrio y del sentido común. Y seguir adelante, además, en medio de esta opacidad informativa entre el PSOE y Junts -opacidad que en los medios resulta ofensiva--, con una negociación de los extremos más espinosos de la ley -si afecta a delitos de terrorismo y de malversación--, puede que se haga muy cuesta arriba. Sobre todo, cuando la opinión pública está mayoritariamente alarmada, los jueces enfadados, los letrados de las Cortes encrespados, el Parlamento dividido y los estados europeos algo atónitos. Tan cuesta arriba que, ahora mismo, nadie, ni los personajes más próximos al gran jefe en La Moncloa, podría asegurar en qué momento podrá Puigdemont regresar, libre de culpas y de cargos, a Cataluña a entonar el 'ja soc aquí' para presentarse, si cabe, a sus elecciones autonómicas.
De hecho, me parece que nadie, no al menos mis interlocutores en privado, se atrevería ahora mismo a garantizar que Puigdemont tiene del todo expedito el camino para su regreso del forzado exilio que él mismo se impuso al salir hacia la frontera en el maletero de un coche, hace ya casi siete años. Y claro, aunque las probabilidades de este regreso sigan siendo más que las improbabilidades, si no hay garantías ciertas de un pronto retorno de Puigdemont a casa, no las hay tampoco de una Legislatura estable. Porque lo que busca Junts es diferenciarse de ERC ante las elecciones catalanas, y los votos que se buscan son los que apoyan el enfrentamiento con 'España'. O sea, la bronca.
Creo que, no por primera vez, se encuentra Pedro Sánchez ante una situación de permanencia inestable en el poder, por más que, obviamente, a Junts y a los actuales aliados del Gobierno central les interese mucho más mantener al actual inquilino de La Moncloa que un cambio hacia un eventual relevo en la derecha. De nuevo, el delicadísimo equilibrio político que solamente se sustanciaría, como dijo Felipe González el pasado martes en Caixaforum, con algún tipo de pacto de Estado entre los dos principales partidos nacionales. Una posibilidad que, por el momento, ni Sánchez ni Feijoo abonan, cada cual con sus razones, por más que lo proclamado esta semana por el ex presidente socialista sea desde hace tiempo un clamor nacional. Continuará.