La Guardia Civil de Soria puso fin el pasado día 27 de septiembre con la explotación de la denominada operación Machatasha que se saldó con la detención de seis personas y la investigación judicial de otras cuatro a la actividad de una organización delictiva centrada en la explotación laboral de ciudadanos extranjeros, tanto comunitarios en situación de vulnerabilidad como de extracomunitarios procedentes del norte de África y que carecían de cualquier tipo de autorización para trabajar en España, lográndose la identificación de un total de 45 víctimas.

La Comandancia de la Guardia Civil de Soria tuvo conocimiento a principios del mes de julio pasado de que en las localidades de la Ribera del Duero soriana personas extranjeras estarían realizando labores agrícolas sin las preceptivas formalidades legales. Iniciadas las investigaciones se entró en contacto con los trabajadores verificando que la información recibida era cierta y encontrando indicios de la existencia de un entramado de personas que los contrataban, permitiendo la posterior investigación acreditar la existencia de una organización criminal ahora desarticulada.

En cuanto a la tipología de las víctimas se detectó la existencia de dos grupos diferentes, por un lado estarían los procedentes de países del Magreb los cuales por su situación irregular en España carecían de cualquier autorización para trabajar y un segundo grupo de personas que procedían de países de la Unión Europea, lo que le habilita para poder trabajar en las mismas condiciones que los nacionales, pero que se encontraban en situación de vulnerabilidad, bien por ausencia de arraigo, por carencia de recursos económicos, desconocimiento del idioma, etc. lo que llevaba a que, si bien podrían ser dados de alta por el empresario no lo eran y eran obligados a aceptar las condiciones dictadas por la organización.

Cabe destacar, que la investigación ha permitido acreditar, que las condiciones de explotación por parte de la organización a las víctimas se prolongaban incluso cuando las mismas finalizaban la relación laboral, obligándolas a hacerse cargo de una deuda que según la organización se ocasionaba por su alojamiento, manutención, supuestos trámites burocráticos, traslados desde sus países de origen y en general cualquier excusa. Las coacciones se mantenían en el tiempo generando miedo en las víctimas.

En ninguno de los casos que se han investigado los salarios llegaban al salario mínimo legal, y generalmente los gastos supuestamente generados superaban la cantidad a percibir.

La operación fue conocida y coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma (Soria) y la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

Así mismo durante la fase de explotación participó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Soria.