Castilla y León podrá gastar 150 millones más al año tras la flexibilización del margen fiscal anunciado por el Ministerio de Hacienda, que relaja el control presupuestario y permitirá a las comunidades autónomas un déficit del 0,1 por ciento entre 2025 y 2027. Esto supone dos décimas más sobre la previsión inicial, que obligaba a las regiones a volver a la senda de la estabilidad con un superávit del 0,1 por ciento. Una decisión anunciada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que implica las comunidades tengan dos décimas más de margen fiscal. Actualmente, cada décima de déficit de Castilla y León ronda entre los 75 y los 80 millones de euros, lo que dibuja una ampliación del gasto de, aproximadamente, unos 150 millones de euros anuales más de lo que tenía fijado hasta ahora, habilitando a la Junta de Castilla y León a gastar unos 75-80 millones de euros más que lo ingresado cada año hasta 2027.

Una reunión a la que acudió en representación de la Comunidad el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que a su salida mostró su descontento con el Gobierno por no explicar claramente a las autonomías «cuál es su posición» con respecto a la financiación autonómica. «Cabe el riesgo de que la financiación, que es una cuestión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se esté negociando fuera», volvió a denunciar el consejero autonómico, que criticó que parece que «se esté negociando un modelo de financiación con unos partidos separatistas que luego se quiera imponer al resto de las comunidades autónomas», según informa Ical.

Fernández Carriedo recalcó que se está produciendo una negociación con una parte de los partidos separatistas «sin que el Gobierno tenga la intención de dar información ni participación al conjunto de las comunidades, porque no se nos ha convocado a ninguna reunión específica para relanzar la financiación ni para informarnos sobre la posición del Ejecutivo central». Cuestionado por la exigencia realizada por Cataluña, reconoció que la propia dirigente catalana lo había manifestado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras el Ejecutivo central «daba la callada por respuesta».