La frase que de «¡cómo sube la vida!» que se escucha en España casi a diario también se puede trasladar a las nóminas de los trabajadores, aunque, en esta carrera, el poder adquisitivo de las retribuciones más bajas no ha conseguido recuperar la fuerte evolución al alza que ha marcado la inflación en este período. De hecho, en los últimos 30 años, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de los 223,40 euros de 1985 (37.170 pesetas de entonces) a 1.184 este año por 14 pagas y, pese a este aumento, los perceptores siguen siendo vulnerables.

Coincidiendo esta semana con la aprobación en el Consejo de Ministros del nuevo SMI para 2025, el Gobierno recuerda que en los últimos seis años, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, ha pasado de 735 euros a 1.134, un 61% más sumando el 4,41% que se ha actualizado este ejercicio, tras el pacto entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOOy UGT y el descuelgue, una vez más, de la patronal CEOE y Cepyme.

A pesar de ser el quinto año consecutivo en el que Trabajo pacta en solitario con los sindicatos esta mejora retributiva, el anuncio quedó descafeinado tras conocerse que el Ministerio de Hacienda obligará a tributar por primera vez en la historia el IRPF a 2,5 millones de trabajadores que reciben las remuneraciones más bajas, de los que un tercio son mujeres y jóvenes. Una medida que supondrá que de los 50 euros que representa el incremento de este ejercicio, 20 euros se irán al fisco en concepto de este impuesto. 

En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mostró su malestar y desconocimiento de que el Gobierno obligaría a tributar a las rentas más bajas asegurando que «se había enterado por la prensa» y escenificando un nuevo choque con la ministra de Hacienda. Una denuncia que fue desmentida al día siguiente por el titular de Economía, Carlos Cuerpo, que precisó que la también líder de Sumar era «plenamente consciente» del informe presentado por el Comité de Expertos dependientes de Trabajo que avaló un aumento del 4,41% para incorporar el pago tributario.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificó de «espectáculo» la «desunión» y descoordinación del Gobierno en torno a la fiscalidad criticando que «el salario mínimo se ha gestionado de una forma horrible. Normalmente, cuando se toma una medida de este calado, se hace una memoria económica», precisó.

Sin embargo, no es la primera vez que los empresarios no respaldan un acuerdo para subir el SMI, de hecho, en 2024 Trabajo acordó solo con CCOO y UGT el incremento del 5%, desde los 1.080 euros mensuales por 14 pagas. La patronal tampoco defendió el 8% para 2023, ni los incrementos de 2022 y 2021. No obstante, CEOE y Cepyme sí respaldaron el alza de 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros mensuales. 

Ante el interrogante que se plantean los expertos sobre si afectará esta subida a las empresas y al empleo, el dato histórico, al menos en estos seis últimos años con una evolución al alza de un 61%, deja claro que el número de afiliados a la Seguridad Social ha pasado de 19 a más de 21 millones y la tasa de paro se coloca a día de hoy en el 10,6%, con lo que se descarta que estas medidas hayan provocado destrucción de puestos de trabajo.

Comparativa con la UE

Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Francia son las naciones de la Unión Europea que registran más de 1.500 euros mensuales de salario mínimo al oscilar entre los 1.802 euros del país galo y los 2.638 de Luxemburgo. Por otro lado, Croacia, Grecia, Malta, Estonia, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, Letonia, cuentan con las nóminas más bajas de la eurozona, por debajo de 1.000 euros al mes al oscilar entre los 551 euros de Bulgaria y los 970 de Croacia.

Un tema importante cuando se analiza esta estadística es que en España el sueldo base ya ronda el 60% del salario medio al rebasar desde 2024 los 1.000 euros mensuales, por encima de naciones como Chipre (1.000) o Portugal (1.015). 

El SMI más bajo de toda Europa lo tiene Bulgaria, donde no llega a 400 euros brutos al mes, con una retribución salarial media de 650 euros. Le siguen Hungría y Rumanía, con 579 y 606 euros, respectivamente.

Por su parte, Dinamarca, Italia, Finlandia, Austria y Suecia directamente no tienen un salario mínimo establecido por ley, sino que sus trabajadores dependen de los convenios que firman con los agentes sociales.