Los beneficios fiscales crecen a más de doble en Castilla y León entre los años 2017 y 2022, cuando el importe ejecutado pasó de 301 a 713 millones de euros, mientras que los contribuyentes beneficiados crecieron en un 15 por ciento, desde los 162.410 a los 186.461. Esta es una de las principales conclusiones de la fiscalización de los beneficios fiscales de Castilla y León que presentó esta tarde en las Cortes el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, que atribuyó el aumento a las sucesiones por la alta mortalidad debida a la COVID-19 y las donaciones realizadas al amparo de la bonificación del 99 por ciento de la cuota.

Amilivia también apuntó, en declaraciones recogidas por Ical, que de los 794 incentivos fiscales identificados en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, un total de 657 venían regulados en la normativa estatal y 137 en la autonómica, y que los beneficios que de ellos se derivaban representaron de media un 30 por ciento de los ingresos tributarios que, teóricamente, el presupuesto de ingresos de la Comunidad tendría sin esos incentivos.

Tras definir lo que el Consejo de Cuentas ha interpretado como beneficio fiscal para acometer el informe, Amilivia explicó los incentivos identificados para alcanzar las conclusiones mencionadas, entre los que se encuentran los del IRPF, con un beneficio de 90 millones de euros en 2021; los del Impuesto sobre el Patrimonio, sin apenas competencias normativas de la Comunidad; o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, donde la bonificación del 99 por ciento aprobada por la Junta en 2021 aumentó los beneficios de 555 millones en aquel año a los 646 de 2022.

También mencionó el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con un aumento de recaudación neto de 90 millones en 2021, o los Tributos sobre el Juego, con un aumento de la carga fiscal autonómica que incrementa la recaudación en 24 millones, mientras que el resto de incentivos pertenecen, en su mayoría, a la Administración estatal.

En cuanto a los beneficios establecidos en la normativa autonómica, el informe del Consejo de Cuentas presentado hoy por Amilivia en las Cortes destaca que la Cuenta General de la Comunidad no incluye una liquidación del presupuesto de beneficios fiscales ni una memoria explicativa que analice el grado de cumplimiento de las estimaciones incluidas tanto en el Presupuesto como en la Memoria de Beneficios Fiscales que le acompaña, informa Ical.

Evolución y recomendaciones

Amilivia se centró a continuación en la representación que los beneficios fiscales totales, autonómicos y estatales, tienen sobre el presupuesto de ingresos tributarios de la Comunidad, que asciende a una media del 30 por ciento entre 2017 y 2023. El crecimiento de los beneficios autonómicos pasó de 283 a 600 millones y de los estatales pasó de 1.878 a 2.357 millones, con un ligero retroceso porcentual desde el 25 al 24 por ciento de los ingresos teóricos.

El aumento de los beneficios fiscales autonómicos se debió fundamentalmente al  avance de los beneficios presupuestados en el ISD, que pasaron de 206 millones de euros en 2017 a 515 en 2023, a causa, principalmente, del establecimiento de las dos bonificaciones del 99 por ciento ya mencionadas.

Entre las conclusiones del informe del Consejo de Cuentas, también se advierte que ni la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica ni ningún otro ente de la Administración de la Comunidad realizan evaluaciones del cumplimiento de los objetivos de política social y económica que justifican el establecimiento de beneficios fiscales, ni se realizan análisis de eficiencia orientados a verificar si el establecimiento de los beneficios fiscales que minoran los ingresos presupuestarios constituye una mejor alternativa frente a la realización de gastos directos.

Por ello, las recomendaciones del Consejo de Cuentas incluyen, además de la identificación y cuantificación de los incentivos fiscales y autonómicos para distinguir "cuales son considerados beneficios y cuáles no", la concreción de los objetivos de política social o económica que se pretenden alcanzar con los incentivos fiscales, los indicadores de resultados y el impacto temporal de los mismos.

En tercer lugar, se pide a la Consejería de Economía y Hacienda que incorpore información sobre la liquidación del presupuesto de beneficios fiscales; a la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, que mejore la información pública en su web y extenderla al Portal de Gobierno Abierto; y que se informe sobre los desincentivos fiscales que puedan originar un aumento en los ingresos presupuestarios junto a los incentivos.

En sexto lugar, en el Impuesto sobre el Patrimonio, debería plantearse cambiar la configuración de la exención para contribuyentes con discapacidad por una bonificación en la cuota y, finalmente, la Consejería de Economía y Hacienda, en su web de tributos, "debería actualizar los parámetros y los requisitos de la deducción en IRPF por inversiones en la vivienda habitual para instalaciones medioambientales y de eficiencia energética en instalaciones medioambientales" y, al mismo tiempo, adoptar medidas para evitar "interpretaciones erróneas" en su aplicación.