Un grupo compuesto por una veintena de investigadores arqueólogos de universidades, empresas y autónomos alertó de la "invisibilización" del sector por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y reclamó una política "clara" de investigación y difusión del patrimonio arqueológico, con proyectos a medio plazo que "garanticen un trabajo continuado" y que contemplen acciones de divulgación y conservación "estables y correctamente financiadas". "Sin duda alguna, eso es posible, porque hay algún proyecto que funciona así desde hace años y nadie se plantea nada al respecto", opina, en declaraciones a Ical, el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valladolid Manuel Rojo Guerra.
En nombre de sus compañeros, que han firmado una carta enviada a la Consejería, Rojo habla de "inquina o desprecio" hacia la arqueología por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería que dirige Gonzalo Santonja. Igualmente, expone que esta "alerta" por parte del sector se activó en agosto, cuando el día 16 se publicó el Plan Estratégico de Patrimonio Cultural con horizonte 2023-2026, que contó con 15 días de periodo de información pública. En ese momento, Rojo justificó que en este texto "había una ausencia total de referencias a la investigación y documentación del patrimonio arqueológico", una cuestión que, según la Ley de Patrimonio de Castilla y León compete al Gobierno regional en el marco de la promoción de la investigación.
Además, este grupo afea que el Plan "intenta o pretende mercantilizar" el patrimonio. "No se habla de ciudadanos, sino de clientes. Parece más un plan de empresa", achaca este grupo en palabras del catedrático, lo que lleva consigo, añadió, "la necesidad de obtener beneficios", con lo que se preguntó si esto provocará el cierre de "buques insignias" del patrimonio cultural de la Comunidad que "son claramente deficitarios".
Manuel Rojo traslada que el documento profundiza en la gestión y gestores del sector cultural, "que quedaría en manos, a partir de ahora, de asociaciones o fundaciones", algunas de ellas, dijo, "dependientes de la financiación de la propia Dirección General de Patrimonio". "¿Dónde quedan entonces las entidades e instituciones que han sido la columna vertebral de la investigación, documentación y difusión, como hemos sido las universidades, empresas y entidades locales?", cuestiona.
Investigación aplicada
Otra de las quejas de los investigadores arqueológicos es que la Junta argumenta que ahora se pretende impulsar la investigación aplicada. "¿No hemos hecho nada en estos años? Se nos abren las carnes al leer esto y saber que hay más de 60 aulas, centros de interpretación y museos de sitio en nuestra Comunidad de temática arqueológica. Todos ellos son fruto de una abnegada investigación de años", rememora el catedrático, quien mencionó que existen más de 130 yacimientos visitables, una guía y un libro sobre los mismos, editada por la propia Consejería.
Al respecto, fuentes de la Dirección General de Patrimonio consultadas por Ical responden que este sistema de aulas e instalaciones arqueológicas se gestiona de forma generalizada a través de distintas administraciones y requiere la "constante aportación de inversión, tanto material como de personal", y expone que cada recurso que se crea "genera la necesidad de realizar nuevas aportaciones públicas en el futuro para su mantenimiento que no se equilibran con los ingresos, lo que aumenta de forma exponencial los costes y cuestiona la viabilidad económica del modelo".
Sin ayudas
Este grupo de arqueólogos denuncian que las ayudas de 2022 no se han pagado y que en 2023 no ha habido subvenciones ni prácticamente contratos, por lo que no descartan acudir a los tribunales. La respuesta de la Consejería al sector es que "ha tenido que adaptarse a nuevas normas financieras, pero son las mismas", considera el catedrático, quien alerta también de que el Gobierno autonómico ha anunciado que cambiará el sistema de concesión de subvenciones, que "serán sobre trabajos realizados y no proyectos, con lo cual eliminan a casi todo el mundo, especialmente a las universidades y autónomos, porque no pueden iniciar proyectos si no existe una concesión previa a los trabajos de campo".
La Consejería lo justifica en un cambio de gestión de las ayudas a la arqueología en 2021 cuando se adoptó un procedimiento de concurrencia competitiva para acceder a los programas "para favorecer una mayor participación". También reconoce hasta ahora "disfunciones" en la tramitación de las subvenciones debido a que los plazos administrativos "no se ajustaban a los plazos que requiere la investigación arqueológica". "En todo caso, la voluntad de la Administración ha sido la de facilitar y ayudar en los trámites a los interesados", defiende a Ical.
Pero a juicio de Rojo, la realidad "va más allá" y cita la "pésima gestión administrativa que se ha hecho de las subvenciones". Como ejemplo, recuerda que en 2021 se concedieron el 3 de noviembre, con la obligación de justificarlas solo dos días después, con "lo que mucha gente lo desestimó por falta de tiempo"; mientras que en 2022 se asignaron el 28 de diciembre y debían justificarse el 15 de enero de este año actual. "La gestión no debe ser ningún problema", apunta Manuel Rojo, quien pone como buena práctica la ejecutada en este sentido por la Diputación de Burgos.
En este punto, la Dirección General de Patrimonio matiza que al iniciarse la nueva legislatura, en mayo del pasado año, se dio continuidad a los procedimientos que estaban en marcha y se publicó en julio la segunda convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de investigación e innovación arqueológicas. Tanto en las de 2021 como 2022, prosiguieron, "se reguló que la actuación subvencionada y los correspondientes gastos debían haberse realizado en el periodo comprendido entre enero y octubre del año correspondiente". Por lo tanto, se exigía que los trabajos estuvieran ya realizados, algo que Rojo "considera difícil de cumplir porque los expedientes se inician cuando las ayudas se conceden".
El resultado práctico de este "galimatías" es una "inversión de cero euros" este año y el "parón y desaparición" de toda actividad que "tenga que ver con la investigación, documentación y difusión del patrimonio arqueológico promovido por la Junta, en este caso no promovido".
A la vista de los "problemas detectados" en esta línea de subvención, como reconoce la propia Consejería, se ha trabajado en 2023 en una nueva línea de subvenciones a proyectos de gestión, que incluyan, entre otras, actuaciones de investigación aplicada, y sobre las que próximamente se publicarán las bases.
Anclados a la tierra
El investigador recalcó que Castilla y León tiene un "riquísimo patrimonio arqueológico demostrado en publicaciones de gran impacto y muy bien divulgado por los profesionales y por la propia Junta". De hecho, destacó que en los últimos años los arqueólogos de la Comunidad han cumplido con la difusión pública de sus trabajos y han desarrollado proyectos "anclados a la tierra, haciendo partícipes de ellos a las poblaciones rurales y sirviendo de dinamizadores de esta España Vaciada, aunque de forma estacional, como ocurre en toda Castilla y León".
El departamento dirigido por Santonja defendió, por último, su apoyo a proyectos de investigación, tanto arqueológica como en otros ámbitos, así como el "espíritu de colaboración" desde hace años entre la Consejería de Cultura y las universidades. En este sentido, la Junta anunció una próxima reunión con el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, el 24 de octubre, de la que el propio Manuel Rojo, como director del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas no tiene conocimiento, y lo achaca a "vaguedades" antes de reconocer que "no quieren hacer nada o lo que quieren hacer no se atreven a enfrentarlo con los profesionales y lo quieren imponer".