Ante las acusaciones al alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés, por la adjudicación del contrato del coto de caza privado y un presunto delito de prevaricación, el también diputado provincial lo desmiente rotundamente y sostiene que no hay ninguna denuncia presentada. "El alcalde ni ha cometido ni está implicado en ningún presunto delito de prevaricación, ni en ningún otro tipo de actuación irregular", sostiene en un comunicado, incidiendo en que figura únicamente como vocal en la junta directiva de la asociación gestora del coto de caza (Asociación de Vecinos de Nuestra Señora de Paul de Langa de Duero), sin capacidad ejecutiva ni decisoria en lo relativo a la aprobación de contratos. Además, detalla que la junta directiva de dicha asociación, compuesta por cinco miembros, no ha aprobado el pliego de condiciones para la adjudicación del contrato del coto de caza, por lo que no existe ningún contrato aprobado ni en trámite, ni ha tenido lugar ninguna adjudicación.

Iván Andrés quiere aclarar que "todos los trámites realizados hasta la fecha se han llevado a cabo conforme a la normativa vigente y no se ha producido ninguna irregularidad", así como que "el dinero vinculado se encuentra en la cuenta bancaria de la asociación, una cuenta totalmente ajena al alcalde, quien no tiene ningún acceso ni responsabilidad sobre ella". Critica que la noticia se ha difundido sin firmar, por lo que se pide responsabilidad a la hora de difundirla, al tiempo que exige rectificación.

Una nota de prensa anónima enviada a los medios indicaba que había "una denuncia de irregularidades en el proceso de concesión del contrato una vez resuelto, conforme a las bases del pliego del concurso". "Los hechos ocurrieron el 14 de marzo, fecha en la que se aprueba por mayoría lanzar las bases de un pliego de concurso del aprovechamiento de la caza mayor del coto. Una vez concluido dicho concurso y sin que nadie concurriera al mismo, se adjudica de manera automática, tal y como reza el último punto, procediéndose a comunicar por parte del que era presidente, Juan Ramón Lázaro Encabo, al anterior arrendatario el resultado para que proceda al pago correspondiente", proseguía. Tras hacerse el pago, según estas fuentes, se emitieron las correspondientes autorizaciones y se activaron los precintos para que el nuevo arrendatario pueda comenzar con la caza del corzo el pasado 1 de abril. 

En el estudio se denuncia que el 3 de abril "se instó al presidente a una reunión extraordinaria en la que tres miembros de la Junta, incluido el vocal y alcalde del municipio decidieron impugnar dicho acuerdo y no respetar el acta oficial del 14 de marzo, lo que motivó que el presidente y el secretario presentaran su dimisión al no estar de acuerdo con lo decidido y no ceder a las presiones del alcalde y vicepresidente". Avanzan que el 4 de abril, con la aprobación del alcalde, se comunicó al arrendatario formalmente que le desactivaban las autorizaciones, teniendo el dinero del pago en su poder, lo que le llevó a denunciar. Para finalizar, adjuntan el acta de la junta directiva.