La invasión rusa en Ucrania cumple dos años. Y no se atisba un final próximo de esta guerra. La caída de la ciudad de Avdivka en manos de las tropas rusas se ha convertido en un punto clave para que Moscú recrudezca su ofensiva hacia más territorios en el este de Ucrania. Quienes analizan este conflicto bélico aseguran que se trata de una guerra de posiciones y de desgaste, con victorias temporales. Mientras, desde Kiev reiteran que el refuerzo de armas de los aliados occidentales, una vez más, se retrasa, una coyuntura que aprovecha el Kremlin en su estrategia.
Este es el panorama poco esperanzador a corto plazo para los miles de ucranianos que desde el 24 de febrero de 2022 han huido de su país. En el caso de la provincia de Soria, en estos 24 meses de conflicto se han tramitado «unas 310-320» protecciones temporales de ciudadanos procedentes de Ucrania, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno.
No se puede detallar el número de refugiados que han llegado a Soria en este periodo de tiempo y continúan residiendo en la provincia, pero en febrero de 2022, antes del inicio del conflicto, estaban censados 103 personas y en la actualidad (datos al finalizar enero de 2024) son 427. Cabe puntualizar que a 31 de diciembre de 2022, un total de 293 nacionales de Ucrania contaban con documentación de residencia en la provincia de Soria, tal y como figura en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Más de 300 ucranianos solicitan protección en la provincia - Foto: E.G.MEl Consejo de Europa de la Unión Europea aprobó la Decisión por la que entra en aplicación la Directiva 2001/55/CE del Consejo, sobre protección de personas desplazadas y que permite automáticamente a los ucranianos desplazados residir, trabajar o estudiar en la Unión Europea un año prorrogable hasta tres años, sin tener que solicitar asilo.
Así las cosas, la protección temporal permite la concesión de un permiso de trabajo y residencia, válido durante toda la estancia en esta situación. Las personas beneficiarias de la protección temporal tienen derecho a trabajar por cuenta propia o ajena; acceder a las prestaciones previstas en el sistema de acogida; atención médica; y los menores de dieciocho años tienen derecho a acceder a la educación en las mismas condiciones que los nacionales del país de la UE de acogida.
La protección internacional pueden pedirla los ucranianos que estaban en España antes del 24 de febrero que, como consecuencia de la guerra, no pueden regresar a su país, y también los ciudadanos de otras nacionalidades o apátridas que vivieran legalmente en Ucrania sobre la base de un permiso de residencia legal válido (sea permanente u otro tipo como estudiantes) expedido de conformidad con el derecho ucraniano y no pueden regresar a su país o región de origen en condiciones seguras. También incluye a los ucranianos que se encontraban en situación irregular en España antes del conflicto y que, como consecuencia del mismo, no pueden regresar, y los miembros de sus familias (cónyuge o pareja de hecho; hijos menores solteros o de su cónyuge; u otros parientes cercanos que dependieran de ellos).
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