El Partido Popular interpuso una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses contra el presiente el Gobierno, Pedro Sánchez por no haberse abstenido o ausentado en las reuniones del Consejo de ministros en las que se aprobó el rescate de la compañía Air Europa, por las dos reuniones que su esposa, Begoña Gómez, mantuvo con el director general de Globalia -la compañía matriz-, Javier Hidalgo, que tenía un acuerdo de patrocinio con la entidad en la que trabajaba la mujer del jefe del Ejecutivo, IE Africa, y en las que el directivo de la aerolínea y el comisionista De Aldama le habrían presentado dos proyectos de negocios en los que estaban interesados que no salieron adelante: uno porque no podía salir porque se trataba de la venta de medicamentos a domicilio, algo prohibido por ley, y otro para comprar de pueblos que quedó frustrado con la llegada de la pandemia y que no volvió a ser retomado.
Cuando el PP presentó la denuncia ya sabía o al menos intuía que su denuncia sería rechazada por cuanto la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) depende del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige José Luis Escrivá, porque en la esposa de Sánchez no concurren las circunstancias que hubieran hecho necesaria la abstención del presidente el Gobierno por cuanto no ejerció labores de dirección, asesoramiento o administración en la compañía aérea
Pese a que las informaciones que relacionan a Begoña Gómez con Hidalgo y Aldama son muy inconcretas, el PP podrá seguir manteniendo vivo este asunto, y por boca de su dirigente Elías Bendodo, ya ha dicho que era lo previsible por cuanto se trata de una dependencia gubernamental. De haber sido admitir a trámite habría supuesto un torpedo para la supervivencia política de Sánchez. Pero este asunto no se puede dejar de relacionar con la nueva fase en la que ha entrado la política nacional en la que ya se dispara contra los familiares o personas relacionada con los dirigentes políticos. Si el gobierno presiona a Ayuso porque su pareja sentimental está incursa en un proceso penal por fraude fiscal y por sus actividades comerciales -la última conocida es que pretendía vender a Costa de Marfil vacunas contra el covid a un precio cinco veces superior a su coste-, el PP, en su ataque en todos los frentes contra el PSOE por el "caso Koldo", ha elegido responder con el asunto de Begoña Gómez, del que sería una derivada.
La decisión de la OCI podrá ser utilizada por el PP para pedir que Begoña Gómez comparezca en la comisión del Senado en la que se investigará el "caso Koldo", aunque el nombre de la esposa de Sánchez no aparece en ninguna parte del sumario abierto por esas trapacerías. Hay veces que las reacciones políticas son de todo punto previsibles y los movimientos de la oposición y el gobierno están telegrafiados y motivados por la necesidad de hacer ruido, de embarrar el terreno de juego, que algo queda, más que por atenerse a la realidad de los hechos.
Cierto que las presuntas fechorías de Alberto González Amador, la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, están al margen de la presidenta madrileña y sus negocios no tuvieron nada que ver con la autonomía que preside, -cuestión distinta son las implicaciones éticas- pero también que hay mucha distancia entre las sospechas con escasa base probatoria sobre Begoña Gómez y el reconocimiento de unos hechos que ya están bajo investigación de un juzgado madrileño.