Cuando el pasado 23 de julio se contaron los votos depositados en las urnas ya se sabía que se avecinaban tiempos convulsos. Un mes después, el 22 de agosto, el rey Felipe VI designó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, candidato a la investidura como presidente del gobierno por ser el líder del partido que había ganado las elecciones. El 27 de septiembre se confirmó lo que se sabía con antelación, que no reuniría los apoyos suficientes para su empeño de llegar a La Moncloa, aunque su intento puso en marcha el calendario para una eventual repetición de las elecciones. El pasado 3 de octubre, tras concluir una segunda ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios que quisieron ir a verlo, el rey realizó el mismo encargo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que desde aquella primera fecha manifestó la certeza de poder reeditar el gobierno del coalición de la anterior legislatura y convencer al factótum de Junts, el prófugo Carles Puigdemont, que es quien tiene la llave de la gobernabilidad de un país al que desprecia, que le acabe dando sus votos no solo para la investidura sino también para tener una legislatura estable.
Han pasado casi a tres meses y poco se ha avanzado en la consecución de un acuerdo entre el PSOE y los dos partidos independentistas de los que se precisan sus catorce votos. Aunque en un primer momento se puso un cordón de seguridad sobre esas conversaciones porque era "el tiempo de Feijóo", lo cierto es que los encuentros con los indepes se celebraron desde el primer momento, hasta el punto de que el calendario inicial tenía marcada esta semana como el momento en el que Sánchez se presentaría a su investidura, y con un nuevo gobierno en plenitud de funciones la princesa Leonor acataría la Constitución al llegar a su mayoría de edad.
Sin embargo, el acuerdo está aún lejos de ser alcanzado. Cada vez que hablan los portavoces independentistas se ponen en cuestión fases de la negociación que parecían superadas, mientras que desde el PSOE se desgañitan afirmando que todo pacto se alcanzará dentro de los márgenes de la Constitución, que la amnistía es constitucional pero que el referéndum de Autodeterminación no entra en la ecuación y que se debe abandonar cualquier veleidad de unilateralidad a la hora de abordar el expediente catalán. Los independentistas aprietan, el tiempo se le hace largo también a Pedro Sánchez, ante la falta de acuerdo, y a medida que pasan los días más dificultades tendrá para volver la oración por pasiva si se repiten las elecciones para convencer a los votantes de que se vuelve a las urnas por la defensa de los principios constitucionales.
Ante el abismo que se abre queda por ver si los independentistas catalanes se deciden a dar un paso al frente o realizan alguna concesión que les sirva para no ser acusados de botifler, y volver al pragmatismo político a pesar de sus bases radicalizadas, y a la vez permiten al PSOE salvar la cara, o se despeñan. Porque unas nuevas elecciones serían monotemáticas, sobre la concesión de la amnistía a los autores del procés soberanista, -mas la rebaja de impuestos, en el caso del PP- que también sería interpelado sobre cuáles son sus recetas para resolver el encaje de Cataluña en España, utilizando el lenguaje luego de mediado del propio Feijóo y de las que todavía se conoce poco.
O poco más que su defensa del "autonomismo cordial" o la defensa de la convivencia también cordial de las lenguas, para evitar que el nacionalismo lleve a un horizonte similar al de los Balcanes, lo que no ha ocurrido hasta la fecha a pesar de algunos intentos legales -plan Ibarretxe- o ilegales -todo el procés-, pero que se contradice con la actitud de los populares cada vez que desde las comunidades históricas o forales se pide el cumplimiento íntegro de sus estatutos de autonomía.
En efecto, pasa el tiempo sin que haya acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes, menos pragmáticos que los vascos como se ha demostrado, se cierran como se pueden las fisuras entre los propios militantes y votantes socialistas que recelan de la amnistía y eso que lo consideran el mal menor, y se acentúan las diferencias con los futuros socios de gobierno sobre el proyecto futuro y la situación internacional. La discreción de las negociaciones con Junts es el único elemento que puede ser positivo para alcanzar el acuerdo, pero puede romperse en cualquier momento.