El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, anunció hoy una inversión prevista de más de 3,2 millones de euros para mejorar la seguridad del centro penitenciario situado en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, que "próximamente va a ser iniciada".
El anuncio tuvo lugar, en declaraciones recogidas por Ical, durante la atención a los medios del ministro en su visita al centro para presidir la celebración de la festividad de La Merced, donde Marlaska defendió su "compromiso absoluto", y el de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con "garantizar la seguridad del conjunto de los funcionarios" de las cárceles españolas.
"A eso van conducidas el conjunto de inversiones", incidió el ministro del Interior, que cifró en casi 200 millones de euros la aportación en infraestructuras del conjunto de los centros penitenciarios del país o en el Centro de Formación de Instituciones Penitenciarias en la ciudad de Cuenca.
También reivindicó la apuesta del Gobierno por mejorar la cobertura de plazas con "seis años de ofertas de empleo público" con las que se han cubierto "más de 6.000 plazas de funcionarios de instituciones penitenciarias" a los que se unirán algo más de 1.000 con la última oferta de empleo público.
Una oferta que además, según Marlaka, permite "un nuevo récord" no tanto en el número de funcionarios, que se mantiene por encima de los 25.000, sino en la tasa con respecto al número de internos en las cárceles españolas, ya que frente a los 70.000 de hace unos años, ahora "no se llega a 50.000 en los 81 centros penitenciarios españoles".
Todo ello desde el "compromiso" del Gobierno para "garantizar que los funcionarios tengan las condiciones profesionales y laborales" para desarrollar un "trabajo excepcional en el ámbito de la reinserción social" de las personas privadas de libertad, de cara a "garantizar que puedan, una vez cumplida su pena, vivir en sociedad y dentro de los valores de convivencia".
Por último, destacó la proposición de ley promovida por el PSOE para que, "de forma definitiva, se les conceda a los funcionarios la condición de agente de la autoridad", una "prioridad" para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "no solo por la condición de agentes de la autoridad sino por el principio de integridad, muy importante y que no tenían, a diferencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".