La Junta de Castilla y León no convocará manifestación alguna sobre los acuerdos del PSOE con las formaciones independentistas, y asevera que la "acción institucional" que desarrollará el Ejecutivo autonómico es la acordada en el Consejo de Gobierno extraordinario del pasado 4 de noviembre, que se fundamentaba en la impugnación de los acuerdos ante los tribunales de Justicia, especialmente en el Supremo, y en el Tribunal Constitucional, según señalaron a la Agencia Ical fuentes del Gobierno autonómico.

La Junta entiende que la convocatoria de manifestaciones contrarias a la amnistía para los líderes independentistas y a los acuerdos económicos y financieros que permitirán la investidura de Pedro Sánchez corresponde "a los partidos políticos, las organizaciones sociales o la sociedad civil a través de sus cauces representativos", mientras que la asistencia o no a ellas es "derecho individual de cada persona", según indicaron a Ical las mismas fuentes.

Sin embargo, enfatizan que la "acción institucional" de la Junta de Castilla y León se acordó en un Consejo de Gobierno extraordinario, "un órgano colegiado y en el que se toman acuerdos que vinculan a todo el Ejecutivo". Esta "hoja de ruta" se basa fundamentalmente en el amparo de los tribunales a través de recursos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional para lo que se mandató al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, a iniciar de forma inmediata los procedimientos para la impugnación. Asimismo, se solicitarán los informes preceptivos al Consejo Consultivo.

Así, según la citada "hoja de ruta acordada por todos los miembros del Consejo de Gobierno", según dijeron a Ical las mismas fuentes, se recurrirá en primer lugar la Ley de Amnistía ente el Tribunal Constitucional, mientras que medidas como la condonación de la deuda se intentará revertir a través de un recurso de inconstitucionalidad o un contencioso administrativo.