Después de una legislatura marcada por las restricciones de la pandemia, la guerra de Ucrania y los altos precios, la economía ha sido uno de los asuntos estrella de esta campaña electoral en la que cada formación ha trazado sus directrices en forma de promesas para lograr convencer a los electores de cara a las urnas. Así, mientras el programa de los socialistas apunta a mantener una línea de continuidad en su hoja de ruta, los grupos que representan a la derecha (PP/VOX) introducen políticas de cambio para asegurar el crecimiento del país y la coalición Sumar apuesta por introducir más mejoras laborales y mayores cargas fiscales para las economías más ricas.
Pero si en algo coinciden todos los grupos políticos es en abogar por una reforma fiscal, aunque cada uno a su manera. El PSOE promete conseguir el pleno empleo desde una tasa de paro estructural del 8%, mientras el PP habla de una tarifa cero para los autónomos y cuantificar a los trabajadores que figuran con contratos eventuales indefinidos de los que se desconoce la cifra total. VOX, por su parte, se muestra partidario de derogar la reforma laboral, y Sumar ya ha anticipado que si gobierna rebajará la jornada de trabajo semanal a 32 horas sin que ello signifique rebajas en los sueldos.
Uno de los temas que ha ido cogiendo fuerza en la campaña ha sido el de las pensiones, que están acaparando el debate tanto por su revalorización por como por su sostenibilidad. Las soluciones que aporta cada partido son muy diferentes y deben ser, además, aprobadas por Bruselas.
La postura del PP es volver al Pacto de Toledo para tratar de buscar la mejor vía y que sea definitiva, que no haya que modificarla cada pocos años y que pueda incluir reformas como la llamada mochila austríaca. Para los grupos de izquierda, lo importante es que no se pierda poder adquisitivo.
Otra de las reformas que se encuentran en los programas de los principales partidos es la Ley de la Vivienda. Tanto PP como VOX proponen derogar la iniciativa que ha aprobado el Ejecutivo de coalición. La eliminación del IVA en la compra de la vivienda habitual que ha planteado VOX junto a otras ayudas conviven con propuestas de cambios en el mercado eléctrico para reforzar el bono social para consumidores en situación de vulnerabilidad. También hay abiertos diferentes argumentos en materia de transporte con planes de choque para mejorar las cercanías ferroviarias (PP), tasas para disuadir los vuelos en avión que tengan alternativa por ferrocarril (Sumar) o posiciones contrarias a la imposición de peajes en las carreteras (VOX).
En el tintero, se quedan promesas para mejorar la fiscalidad que se ha disparado en los últimos meses por la presión impositiva al contribuyente derivada de la inflación.
Mejorar los servicios públicos y la Ley de la Vivienda como las claves del crecimiento". PSOE, Pedro Sánchez.
El programa económico que defiende el Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, está dirigido a la clase media trabajadora para paliar en gran medida la situación que ha soportado en estos últimos años de una gran presión fiscal y una pérdida del poder adquisitivo por la alta inflación que provocó, primero, la pandemia y, posteriormente, la guerra de Ucrania. Una situación que ha supuesto un encarecimiento sin precedente en los últimos 40 años de la cesta de la compra y de la vida en general.
La clave está en apoyar el crecimiento del PIB, los servicios públicos y mantener los impuestos aprobados a las grandes fortunas, a la banca y al sector energético, así como también nuevos gravámenes a empresas contaminantes y avanzar medidas para evitar la competencia fiscal.
En el contexto laboral, insiste en un mercado «flexible», con incentivos a los trabajadores para que disfruten de una mejor conciliación familiar.
También prometen impulsar un pacto por el pleno empleo estructural con una tasa del 8% de paro, con acuerdos que potencien la formación para mejorar la contratación juvenil, prácticas en empresas o la reforma de los sistemas de protección para desempleados de larga duración, el refuerzo de los incentivos al empleo de beneficiarios de subsidios y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En materia retributiva, Pedro Sánchez anunció que fijaría el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por ley en el 60% del sueldo medio español y en su ideario defiende que seguirá «revalorizando» este ingreso esencial.
Uno de los puntos claves es el que habla de la vivienda, en el que se comprometen a desarrollar las medidas ya anunciadas en los últimos meses, centradas en fomentar un parque público de alquiler que pase del 3% al 20%.
En cuanto a la okupación, quiere abordar una ley para realizar desalojos en 48 horas.
Las pensiones son para los socialistas otro de los temas estrella. En el programa explican que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social tendrá 20.000 millones en 2027 con altas aportaciones anuales.
También se fijan los socialistas en la energía, un ámbito en el que quiere aprobar una ley para identificar, junto a las regiones y las entidades locales, las áreas idóneas para un mayor desarrollo de renovables y facilitar el acceso de los beneficios, garantizando el respeto al medio ambiente
Rebajar la fiscalidad a las clases medias y ayudar al autónomo, entre sus 119 medidas". PP, Alberto Núñez Feijóo.
El equipo de Alberto Núñez Feijóo ha diseñado un total de 119 propuestas económicas que se extienden por 11 capítulos que van desde el empleo a las pensiones, pasando por la fiscalidad, el plan de recuperación, la vivienda o el turismo.
Los populares apuestan por una política económica fundamentada en rebajas fiscales para la clase media y baja, en la simplificación normativa y burocrática, la seguridad jurídica o nuevas medidas en materia laboral como la mochila austriaca o una cuota de «cero euros» para los autónomos durante su primer año.
También derogarán la Ley de Vivienda, realizarán una auditoría de las cuentas públicas y del plan de recuperación. En materia de protección social, apuestan por mejorar el acceso al ingreso mínimo vital (IMV) y actualizar el salario mínimo (SMI) con los agentes sociales en el marco del diálogo social.
El PP plantea una política fiscal no confiscatoria, a través de una reforma que alivie la situación de quienes más dificultades tienen.
Una medida fundamental en el ámbito fiscal es la deflactación del IRPF. Es decir, elevar los umbrales que definen los tramos en los que se estructura el IRPF para adaptarlos al impacto de la inflación. El propio Feijóo ha comentado en sucesivas ocasiones que su intención si llega a la Moncloa es aplicar esta rebaja a rentas de hasta 40.000 euros.
Además, proponen una reducción temporal al IVA de la carne y el pescado, como la que ya se aplica a algunos productos alimentarios esenciales.
En lo relativo a pensiones, el PP se compromete a garantizar la revalorización en el marco del Pacto de Toledo, que recomendó en 2020 actualizarlas conforme al IPC.
Para los autónomos, el PP plantea una tarifa cero para que los nuevos emprendedores no paguen cuota durante el primer año en la misma línea de la que ya se aplica en Andalucía.
Una de sus medidas más comentadas si llega al Ejecutivo es derogar la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo actual que, en su opinión, «ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado». En su lugar, plantean un pacto de Estado sobre la vivienda junto a las comunidades autónomas y entidades locales para construir inmuebles asequibles, movilizar casas para su alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque ya existente.
Un programa dirigido a reducir el IRPF y situar el IVA a cero en los productos básicos". Vox, Santiago Abascal.
El partido de Santiago Abascal defiende un programa económico con el que, según asegura, pretende crear una auténtica alternativa tanto al PSOE como al PP. Vox promueve una severa reducción fiscal con aspectos como la eliminación del IVA para la compra de la vivienda habitual, así como la aplicación de un tipo cero para los productos de primera necesidad, tales como los alimentos incluidos en una cesta de la compra básica o los destinados a ancianos y niños.
En este contexto, también se comprometen, como el PP, a derogar la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo de Sánchez.El programa de Vox busca incrementar los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para los arrendadores con el objetivo de favorecer que se eleve la cifra de viviendas que existen en el mercado, especialmente en las zonas del país más tensionadas.
En esta línea, también plantean en su programa electoral recuperar la deducción fiscal que existía en España en concepto de vivienda habitual que permitió a muchas familias amortiguar el coste de las cuotas mensuales de sus hipotecas compensando lo que pagaban de intereses bancarios.
Asimismo, subrayan tolerancia cero con la okupación ilegal de viviendas para solucionar un problema que, como denuncia Vox, preocupa a la mayor parte de los españoles.
En el plano del empleo, la formación de Abascal promete impulsar la subida de los salarios de la clase trabajadora, la derogación de la reforma laboral de Yolanda Díaz, así como reducir las cotizaciones a las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida, bonificando al 100% los contratos dados de alta en el primer año y al 50% en el segundo.
Otras reformas que propone en su ideario electoral apuntan al fomento del teletrabajo para impulsar la conciliación familiar.
También defienden la imposición de aranceles fiscales a los productos agrícolas provenientes de países como Marruecos.
En su ideario suprimen impuestos verdes, así como establecer una rebaja del IRPF hasta dos tipos únicos, del 15% a rentas inferiores a 70.000 euros y del 25%.
El equipo de Santiago Abascal promete luchar por erradicar la evasión fiscal de las tecnológicas obligando a pagar impuestos por su actividad en España.
Finalmente, fijan una reforma estructural del gasto político innecesario para garantizar la sostenibilidad tributaria.
Dos millones de pisos públicos de alquiler y recortar la jornada laboral a 32 horas". Sumar, Yolanda Díaz.
La hoja de ruta económica de Sumar está basada en cuatro reformas: fiscalidad, productividad, reforma empresarial y limitación de los beneficios de las empresas, con el objetivo de «reinventar el estado del bienestar para el siglo XXI», según ha prometido Yolanda Díaz.
La coalición formada por 15 partidos de izquierdas busca ofertar dos millones de viviendas públicas más para alquiler social en 10 años así como medio millón de empleos ligados a las energías renovables. Además, Sumar se compromete con un bono de emergencia para la compra de una vivienda habitual por valor de 1.000 euros para hacer frente a la subida de las cuotas de estos créditos. Solo podrán acceder a él quienes se hayan hipotecado en los dos últimos años y cuya casa no supere los 300.000 euros.
En el ámbito laboral, la actual ministra de Trabajo quiere impulsar su medida clave: la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales y del horario de trabajo a un máximo de las 18,00 horas, con el objetivo de mejorar la «compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, desde un reparto equilibrado de las tareas de cuidados y autocuidado al tiempo destinado a la formación, el ocio o la participación social».
Yolanda Díaz también defiende un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) por encima del IPC anual para poder garantizar el poder adquisitivo de los asalariados.
En plano financiero, consideran necesaria la creación de un banco público de inversión que déservicio a las iniciativas económicas que requieran contar con cierta capitalización para avanzar en su desarrollo.
Potenciar la competencia entre empresas es otro de sus objetivos. Para ello, pretende una intervención de los mercados afectados por prácticas desleales que pongan en peligro los suministros o provoquen sobrecostes en el tejido productivo nacional.
En el contexto financiero, Sumar trabaja en un plan de regulación de los rendimientos de los depósitos bancarios y en el recorte de las comisiones que se aplican los bancos y mantiene el impuesto permanente previsto para las grandes fortunas hasta llegar al 4% anual en las rentas más altas, que supondría una importante recaudación a las arcas públicas de un 40% en solo 10 años. También quieren establecer un tipo mínimo en el impuesto de sucesiones y donaciones para toda España que las autonomías no podrán tocar ni rebajar.'