El futuro y la viabilidad del sistema público de pensiones sigue siendo ese elefante en la habitación que todos saben que está pero hacia el que nadie quiere mirar. Y los datos se empeñan en que se gire la cabeza hacia ese gran problema que no hace más que agravarse año a año. Castilla y León ya presenta un déficit de 3.500 millones de euros anuales entre lo que aporta a la caja común con la recaudación de las cuotas por contingencias comunes –6.333 millones de euros– y el gasto en prestaciones contributivas –9.972 millones–. La famosa 'hucha de las pensiones' está más que rota en una comunidad donde el envejecimiento poblacional no hace sino estrangular unas cuentas que no salen desde hace ya mucho tiempo. Trasladado a los números, Castilla y León aporta un euro por cada 1,5 euros que recibe para el pago de sus prestaciones contributivas –fundamentalmente pensiones?–. Es decir, la Comunidad solo tiene para cubrir el 65 por ciento de las pensiones que recibe con los fondos que genera.
Un desfase que, lejos de ser nuevo, no hace sino empeorar con el paso de los años. Con la pensión media –1.195 euros en noviembre– muy por encima del SMI, la relación de prestaciones contributivas sobre el total de ocupados en Castilla y León cada vez se escora más del lado ancho de la pirámide. En el hipotético caso de que la Comunidad tuviera que autofinanciarse las pensiones, necesitaría, como mínimo, medio millón más de ocupados para que le salieran las cuentas. Y medio millón más de trabajadores supone incrementar en un 50% los empleados actuales. Los 3.500 millones de diferencia que presenta la región actualmente suponen casi el seis por ciento del PIB de Castilla y León o el 25% del presupuesto anual que maneja el Gobierno regional.
«El progresivo proceso de envejecimiento de la población es una causa añadida para que esta política sea una de las que generan más debate en la opinión pública, si bien este suele adolecer de la suficiente claridad y profundidad», significa los autores del informe, que reconocen que los ingresos y gastos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social están «influenciados» por tres factores: la demografía, el mercado laboral, y la productividad.
Posición nacional
El informe publicado recientemente por Fedea titulado 'Componente contributivo del Sistema de Seguridad Social: saldo por CCAA y desglose de los factores de influencia del saldo de las pensiones' relativo al año 2021 muestra, por otra parte, que el déficit entre lo aportado y lo recibido para el pago de las pensiones no es exclusivo de Castilla y León. Baleares sería la única comunidad autónoma que podría autofinanciar sus pensiones con ingresos propios dentro del sistema de la Seguridad Social. En total, el saldo entre fondos aportados por contingencias comunes y coste de las pensiones fue negativo por un valor de 33.449,93 millones de euros –el 2,8 % del PIB de España–.
En comparación con el resto de autonomías, Castilla y León presenta el quinto peor déficit en el componente contributivo de la Seguridad Social. Solo Andalucía (-5.763 millones de euros); Cataluña (-4.903 millones); Galicia (-4.096 millones); y País Vasco (-4.087 millones), arrojan peores números que la Comunidad. Por último, el documento revela que las prestaciones contributivas de la Seguridad Social tienen una «estrecha relación» con las cotizaciones pagadas por los trabajadores «en el pasado». Es decir, que los cambios en la estructura productiva en un territorio, «como por ejemplo ha sucedido en la minería, siderurgia o construcción naval en algunos territorios, afectan al gasto actual en pensiones pero también a su empleo actual y por ende a su capacidad de recaudar vía cuotas sociales». Una aseveración que en Castilla y León tiene un importante impacto, toda vez que el pasado minero de la Comunidad tira hacia arriba del gasto en las pensiones de este régimen especial.