La dirección de Torraspapel ha comunicado su intención de prorrogar el ERTE que está en vigor desde enero de 2023 en la planta de Almazán y que afecta a 215 trabajadores (150 en la actualidad porque se excluye al personal técnico). En su propuesta inicial, la empresa plantea prorrogarlo por un año. Lo ha justificado al explicar que se mantienen las causas de naturaleza productiva y organizativa que lo motivaron. Esta decisión no sólo afectaría a los trabajadores de la fábrica adnamantina sino también a la plantilla de los centros productivos de Zaragoza, Leitza (Navarra), Motril (Granada) y Sant Joan Les Fonts (Girona). Ahora se abren cinco días de negociación de una regulación de empleo que mantendría las mismas condiciones que ya se viene aplicando durante este 2023; y la primera reunión se celebrará el día 11 de diciembre con los representantes de los cinco centros de trabajo.

El presidente del comité de empresa en la planta de Almazán, Roberto Carlos Sanz, confía en que "la actitud de la empresa varíe y tenga un talante negociador que nos permita llegar a un acuerdo a diferencia de lo que pasó en la negociación anterior". Advierte de que "no entienden los motivos que argumenta la empresa, porque supone una pérdida económica en sus nóminas y un paso atrás de los derechos de la plantilla". El período de negociación, que se abre el próximo lunes, "tiene que servir para que la empresa, a través de un acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras, mejore económicamente la aplicación del ERTE actual. El objetivo pasa porque la plantilla sufra la menor merma posible de sus ingresos económicos durante la afectación de la prórroga".