Hecha la ley, hecha la trampa. Así resume y describe el refranero español nuestra idiosincrasia, que no sé si realmente nos define, pero seguramente se acerque bastante a lo que somos y cómo nos comportamos. En muchas ocasiones esa picaresca que puede tener hasta cierta gracia, se vuelve en un rasgo muy negativo, el de ir cada cual a la suya, tener nulo sentido de lo común e intentar encontrar las grietas del sistema para 'colar' comportamientos muy irresponsables. Pero también es cierto que por parte de las administraciones se lanzan iniciativas que, o bien no están demasiado bien pensadas, o bien se ponen en marcha contando con que la responsabilidad que se derive de ellas recaiga en los particulares. Y con la nueva Ley de Vivienda tenemos un claro ejemplo.
El supuesto carácter 'protector' hacia las personas más vulnerables para que puedan acceder al alquiler de una vivienda, por ejemplo, está resultando precisamente una barrera infranqueable, porque muchos propietarios se lo piensan muy mucho a la hora de escoger inquilino. Y la razón es lógica. En muchas ocasiones se informa sobre las sociedades buitre y los bancos que están detrás del parque inmobiliario en venta o alquiler, pero la realidad es que el 85% de los dueños de esos pisos que se alquilan son pequeños propietarios que, con esfuerzo y años, han logrado tener una segunda vivienda. Y ese alquiler, precisamente, es necesario para hacer frente a gastos derivados del propio piso o, simplemente, para llegar a fin de mes. Y esas personas no pueden ni quieren verse en una situación de desamparo frente a un caso de vulnerabilidad y la posibilidad de no cobrar o no poder volver a disponer de su piso ante un impago.
Así está ocurriendo, que personas que incluso tienen un trabajo, se encuentran ante la enorme dificultad de contar con la posibilidad, si quiera, de alquilar una vivienda. Ya no hablamos de los precios y las condiciones exigidas. Solo si no llegas tú solo, no tienes hijos, ni perros, cuentas con una nómina solvente, eres funcionario de carrera y no eres extranjero puedes encontrar un alquiler. El resto se las ve y se las desea. Son las administraciones las que tienen que responder por todas esas personas y garantizar su derecho a una vivienda y no dejar que la responsabilidad recaiga en exclusiva en los arrendadores. O, en su caso, tendrían que garantizar que el propietario va a cobrar su dinero por el alquiler y va a recibir el piso en buenas condiciones.
En varias comunidades autónomas funciona este sistema de 'bolsas' de alquileres, donde los propietarios mantienen precios razonables y la administración les garantiza el cobro. Parece un sistema justo que en su día puso en marcha la Junta de Castilla y León, pero que no funcionó. Imagino que resulta muy costoso, pero la realidad es que el acceso a la vivienda, tanto la compra como el alquiler, está dificultando el desarrollo de muchas zonas, impide que los jóvenes se independicen, estrangula las economías domésticas y deja prácticamente sin solución a muchas familias y personas en situación vulnerable. El papel donde se escriben las leyes aguanta todo, pero la realidad es otra muy diferente. Habría que legislar teniendo en cuenta las consecuencias o, al menos, corregir si se han equivocado o no se logra el objetivo planteado. Lo contrario es, directamente, fraude de ley.