«Yo nací de una pareja de españoles exiliados en Venezuela que, en el momento de mi nacimiento, habían perdido la nacionalidad». Fanny Pujol, hija de republicanos que optaron por irse de España al término de la guerra civil, es una de los miles de españoles hijos de la diáspora que produjo la guerra.

Como otros muchos, desea que ella y los suyos accedan de nuevo a la ciudadanía española con la Ley de Memoria Democrática (LMD). Esta disposición (conocida como ley de nietos y que fue aprobada hace algo más de año y medio) permite obtener la nacionalidad a los descendientes de exiliados durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).

Aquellos españoles que emprendieron un viaje que parecía sin retorno tienen hoy nietos, biznietos e incluso tataranietos, en su mayoría americanos y también caribeños. Y quieren recuperar lo que consideran suyo.

Argentina y Cuba suman más del 50 por ciento de las 300.000 solicitudes de nacionalidad por hijos y nietos de exiliados. Los consulados de ambos países copan más de la mitad de peticiones de nacionalidad española presentadas entre octubre de 2022 y marzo de 2024 en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

En Buenos Aires, ciudad que aglutina la mayor cantidad de españoles en el mundo (unos 350.000), se dieron al poco tiempo de activarse la ley de nietos 42.600 turnos a personas deseosas de solicitar la nacionalidad.

También se registraron numerosas peticiones en México, uno de los países que más exiliados recibió y donde se estima que llegaron alrededor de 20.000 españoles durante y después de la Guerra Civil.

Fuentes diplomáticas apuntaron, en los primeros cuatro meses tras entrar en vigor la nueva ley se contabilizaron miles de solicitudes y ya se comenzaron a entregar actas a nuevos ciudadanos.

Según datos ofrecidos por el departamento de Exteriores, desde que esta norma entró en vigor el 22 de octubre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2024, las Oficinas del Registro Civil Consular habían recibido 301.121 solicitudes para volver a tener un DNI español y ser un ciudadano de pleno derecho en la tierra de sus antepasados.

En el primer año de funcionamiento de esta medida que mira por el retrovisor de la Historia, se habían concedido más de 102.000 nacionalidades. Más del 95 por ciento de estas solicitudes se recibieron en los consulados en países de Iberoamérica, así como en el Consulado General de España en Miami. En el caso concreto de Argentina, los cinco departamentos consulares que hay en el país acumulan el 40 por ciento de las solicitudes y si se les suman las recibidas por el que funciona en La Habana, la capital de Cuba, la cifra se eleva al 53 por ciento.

Desde el Ministerio de Exteriores que tutela José Manuel Albares apuntan que en todas las oficinas en el exterior «existe un número de solicitantes que difícilmente podrán ser citados y atendidos antes de la finalización del plazo de dos años previsto por la ley actual». Por este motivo, el Gobierno ya ha dado luz verde a ampliar el plazo «de tal forma que se puedan atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las que se presenten y que no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación inicialmente previstos en la ley», justificó Exteriores.

Así, la citada disposición adicional de la Ley de Memoria avala que puedan solicitar la nacionalidad los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, por haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

También están incluidos los hijos nacidos en el exterior de aquellas mujeres que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución aprobada en el año 1978.