Tan solo dos días después de la compra contrarreloj de Credit Suisse por UBS impulsada por el Gobierno suizo, y lograda cierta estabilidad de ambos bancos en bolsa, llega ahora la posibilidad de que accionistas e inversores, especialmente los poseedores de bonos, presenten demandas judiciales ante una operación de la que han sido los grandes perdedores.

La atención planea especialmente sobre los propietarios de bonos de riesgo relativo AT1 por valor de 16.040 millones de euros que tras la operación han visto cómo estas inversiones han sido reducidas a cero por la precipitada compra y están decididos a demandar a USB.

Al menos una firma de abogados, la británica Quinn Emanuel Urquhuart & Sullivan, está en conversaciones con algunos de estos bonistas para presentar una denuncia.

Por ahora, la Fundación Ethos, que agrupa a 220 cajas de pensiones y otros inversores institucionales suizos, es la única que ha confirmado contactos con representantes jurídicos ante una posible «clarificación de responsabilidades».

Según la fundación, la venta de Credit Suisse por un 60% menos de su valor en Bolsa a instancias del Gobierno es un «enorme desperdicio».

Ante esas dudas, el BCE, la Autoridad Bancaria Europea y otras autoridades subrayaron que seguirán priorizando a los bonistas con respecto a los accionistas.

En Suiza, los analistas señalan que las posibilidades de que este litigio prospere son limitadas, ya que la ley helvética no admite en principio las acciones colectivas en esta situación, lo que obligaría a analizar caso por caso cada demanda de cientos, quizá miles de bonistas.

En este contexto, las agencias Moody's Investors Service y S&P Global Ratings revisaron a la baja la perspectiva para las calificaciones de ambas entidades, que pasan a ser negativas desde estables, de A-/A-2, tras el acuerdo para la adquisición.

Finalmente, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, abrió la puerta a extender a más bancos la protección del 100% de los depósitos aplicada con SVB y aseguró que la situación no es comparable a la gran crisis financiera de 2008 a la vez que planteó reexaminar los regímenes regulatorios y de supervisión.