El Consejo de Ministros celebrado hoy autorizó a la Junta de Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 202,5 millones de euros. La Comunidad había solicitado poder formalizar operaciones  por un importe de 270 millones de euros, destinadas a financiar la desviación de la referencia de déficit de 2023, que se fijó en el 0,3 por ciento del PIB regional. Esta autorización podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024.