Cambio importante en el sector turístico y, en este caso, envuelto en polémica, incomodidades y dudas. Apenas unos días después de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 933/2021 sobre el Registro de Viajeros, tanto la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) como la Asociación de Turismo Tural (TurSoria) muestran su malestar por la decisión del Gobierno de seguir adelante con este proyecto sin escuchar al sector. 

Malestar por la obligatoriedad de recopilar más de 40 datos tanto de los viajeros como de la empresa, con la amenaza de multas de hasta 30.000 euros si no se asume este mandato. Malestar por sentir que «invaden la privacidad del cliente». Por las demoras que el nuevo trámite supone. Porque algunos establecimientos no cuentan con personal ni medios necesarios para cumplir esta exigencia. Ni siquiera con cobertura. Por la «falta de información» en su puesta en marcha.  Por la falta de formación. De atención ante las dudas. Por el desconcierto generado. Por no ser escuchados en ningún momento... 

La retahíla de motivos por los que el sector hostelero soriano está en contra de esta nueva medida podría sumar y seguir, según reconocen tanto la vocal de hoteles del Comité Ejecutivo de Asohtur, María Victoria Marco, como la presidenta de TurSoria, Beatriz Calavia. Ambas admiten que los negocios sorianos han «acatado» lo encomendado «con resignación», pero siguen estando «completamente en contra» de esta medida.

«El primer día que entró en vigor, el pasado lunes, 2 de diciembre, metías los datos en la plataforma y te decía 'no registrado'. El segundo día empezó a funcionar ya bien la plataforma pero, al mínimo dato que falta, te lo de devulve a corregir y completar, con lo que eso ralentiza el trabajo», indica Marco. Pero es que además, advierte, «hay campos que es que no se pueden rellenar». Y pone un ejemplo,«si un cliente no tiene correo electrónico, ¿qué pones? Pues si lo dejas en blanco, lo devuelve».

El cambio supone carga de trabajo para los negocios y, para los clientes, una «invasión de su intimidad». «Los datos que les pedimos a los clientes... nosotros mismos nos negaríamos a darlos. Yo personalmente nunca daría los 20 dígitos de mi cuenta a un desconocido de un pueblecito», advierte Calavia. Además, se cuestiona, «¿cómo sabemos que el parentesco que nos dan de menores es el correcto? Esos datos no aparecen en el DNI, email o teléfonos pesonales... nunca sabremos si son los auténticos pero sí somos los responsables de meterlos en la plataforma».

«El Gobierno no ha atendido las reiteradas advertencias del sector sobre los riesgos para los viajeros y para la reputación internacional de España, como viene advirtiendo CEHAT (la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos)», denuncia Marco, quien insiste en que «acatan órdenes» pero van a seguir «alegando» y «peleando».

Desde los alojamientos de turismo rural de Soria consideran que se ha creado un sistema de registro «adaptado al siglo XXI pero no se ha creado la infraestructura necesaria para adaptarnos a la normativa impuesta». En este sentido, Calavia expone que «lo primero sería que en todo el territorio hubiese la conectividad apropiada» ya que «muchas veces» los negocios no pueden «ni cobrar con tarjeta, así que difícilmente vamos a poder meternos en la página del Ministerio y cumplimentar los datos que nos exigen». Pero es que además, añade, «muchos alojamientos no saben de internet y difícilmente pueden asumir este trabajo. Carecen de certificado digital o lo maneja su gestoría».

A la falta de conectividad se une que la plataforma del Ministerio «no contiene los códigos postales de pueblecitos pequeños». Así que, «si queremos registrar nuestro alojamiento y el código postal, no está creado y ya no hay nada que hacer», denuncia. 

En el medio rural se suman además nuevas problemáticas: «Muchos de nuestros propietarios no tienen ordenador o portátil para poder llevar al alojamiento, ya que el registro debe hacerse inmediato». Recuerdan que en hospederías daban 24 horas para meter al viajero. La nueva imposición ha llegado además, denunca Calavia, sin formación y ni siquiera un vídeo explicativo. De modo que el personal, «cuando no se atasca en el registro, se atasca en la firma que está al final y no sabe por qué. Y no tienen soporte de apoyo o no contestan», reprocha.