Castilla y León consolida su apuesta por lograr una sociedad más justa, inclusiva y solidaria en la que ningún ciudadano se «quede atrás». Un espíritu bajo el que ayer se firmó el Pacto Social de las Familias entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los representes de 45 entidades del Tercer Sector de la Comunidad, que sirve para dar cumplimiento a la promesa lanzada por el dirigente autonómico durante el último Debate de Política General celebrado en junio. Del documento suscrito emanan hasta 56 medidas, algunas nuevas y otras ya vigentes, con un claro carácter transversal que atraviesan cuatro de las diez consejerías del Gobierno de la Comunidad.

Algunas de las nuevas actuaciones se pondrán en marcha de forma inminente o a lo largo de este ejercicio, como la puesta en marcha de un grupo para trabajar en la modificación de la regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un servicio de apoyo para la integración sociolaboral de menores provenientes de los sistemas de protección a la infancia, la incorporación de criterios de progresividad en las ayudas al alquiler o la historia social única. «Este Pacto es motivo de satisfacción personal y de satisfacción colectiva porque blindamos la protección a las familias vulnerables y también a aquellas de clase media en momentos temporales de dificultad», significó Fernández Mañueco durante su intervención bajo la cúpula del Monasterio de Prado de Valladolid.

Escoltado por buena parte de su Ejecutivo –la vicepresidenta Isabel Blanco y los consejeros de Educación, Vivienda y Empleo–, el presidente insistió en que las familias son el «corazón» de la sociedad de Castilla y León y el «motor» de su futuro. Fernández Mañueco, que intervino después de la proyección de un vídeo promocional del pacto en el que aparecían imágenes de familias heterosexuales, homosexuales y monoparentales, reiteró que el principal objetivo del Pacto es «construir una sociedad y un futuro donde ninguna familia quede atrás». En este punto quiso agradecer el trabajo que realizan las entidades del Tercer Sector, a las que definió como «aliadas» del Gobierno autonómico: «Estamos a vuestro lado, siempre os hemos apoyado para que nadie quede atrás».

El Pacto de las Familias se reta a que nadie se quede “atrás” - Foto: FS ICAL

Por último, enmarcó su apuesta por lograr una «sociedad mejor» en la acción de la Junta de Castilla y León que, sentenció, «está transformando la sociedad e impulsando el futuro de la Comunidad».

En nombre de las 45 entidades firmantes tomó la palabra el representante del colectivo EAPN Castilla y León, Óscar Castro, que agradeció el compromiso autonómico para la firma del Pacto y aseguró que el momento actual está marcado por varias crisis que han llevado a un «impacto significativo» entre las personas más vulnerables, cuya situación se agrava. «Es un Pacto necesario y urgente, que representa una oportunidad histórica para consolidar un modelo autonómico inclusivo y equitativo».

Medidas

La puesta en marcha de un grupo para trabajar en la modificación de la regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un servicio de apoyo para la integración sociolaboral de menores y jóvenes provenientes de los sistemas de protección a la infancia, la incorporación de criterios de progresividad en favor de las rentas más bajas en las ayudas al alquiler de 2025 y la historia social única se recogen como actuaciones para este año en el Pacto Social de las Familias de Castilla y León.

El documento, firmado hoy por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y representantes de 45 entidades del Tercer Sector, contempla 56 medidas en materia de educación, empleo, vivienda y servicios sociales y también un anexo de actuaciones en este año, a cuyos contenidos ha tenido acceso Ical.

Bajo el bloque de "ingresos suficientes para una vida digna", además de la modificación de la renta de ciudadanía para vincular la prestación al empleo y la educación, se contempla la petición formal en el primer trimestre de este año de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital para su gestión por la Comunidad.

En el mismo bloque, se elaborará un procedimiento para verificar si los solicitantes de ayudas de la Junta en situación de vulnerabilidad están participando en los programas de intervención o apoyos que se hayan puesto a su disposición y también, en el caso de tener menores a su cargo, que no están en situación de absentismo escolar.

El grupo de trabajo del Pacto examinará las posibilidades de incluir en las estadísticas que elabora la Junta variables que permitan mejorar el conocimiento de la situación de la infancia de la comunidad que incluyan dimensiones como salud, educación, seguridad, bienestar emocional y acceso a recursos básicos.

También, se pondrá en marcha un servicio de apoyo para la integración sociolaboral de menores y jóvenes provenientes de los sistemas de protección a la infancia. Además, se incrementará la financiación del servicio de apoyo integral a menores procedentes del sistema de protección a la infancia que tienen hijos, durante el periodo de gestación y crianza.

Inclusión residencial

La convocatoria de ayudas al alquiler de 2025 incorporará criterios de progresividad en favor de las rentas más bajas y deberá disponer de crédito presupuestario suficiente para atender todas las solicitudes que se presenten y cumplan con los requisitos previstos, sin que puedan desestimarse ayudas por falta de disponibilidad presupuestaria, sin perjuicio de la capacidad económica-presupuestaria de la Ley anual de presupuestos de la Comunidad, garantiza el pacto.

También, se pondrá en marcha un nuevo programa de vivienda en alquiler con la denominación Programa Emprendedores para dotar con vivienda pública en alquiler a zonas rurales con una dinámica industrial o de servicios importante que puede verse frenada por la falta de viviendas, con la posibilidad de traslado de residencia a la Comunidad por trabajadores de fuera.

Además, se incrementará el número de plazas y la financiación de plazas de alojamiento gestionadas por entidades sin ánimo de lucro para personas en situación de vulnerabilidad, y se realizará, con la participación de entidades del tercer sector, un primer conteo autonómico de personas sin hogar aplicando metodologías estandarizadas.

Otra medida es fomentar el empleo en empresas de inserción a través de líneas de ayuda a las empresas de inserción laboral que contratan personas en situación o riesgo de exclusión social para financiar costes salariales, asistencia técnica e inversiones.

En el mismo bloque, se prevé la puesta en marcha de una comisión especializada para trabajar la inserción sociolaboral de personas con mayores dificultades de empleabilidad en el seno del Consejo Regional de Economía Social, que tenga como objetivo no solo las empresas de economía social sino también las que actúan en el mercado ordinario.

Disponer a finales de año de la historia social única que permita avanzar en la coordinación y eficacia del sistema de protección social en la Comunidad, recoge el anexo entre las acciones para este año.

Según los firmantes, se trata de construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva en la que "nadie se quede atrás", entre cuyos retos está el acceso a la vivienda para garantizar la igualdad de oportunidades. 

Por último, en el plazo de un mes desde la aprobación de este pacto, se constituirá una Comisión de Seguimiento, cuyos componentes serán designados por la titular de la Consejería de Familia a propuesta de las plataformas adheridas al acuerdo. Un grupo de trabajo elaborará el informe de seguimiento que elevará a la Comisión.