El mercado laboral español está expectante ante las constantes subidas salariales que los trabajadores con menores rentas están experimentando en los últimos cinco años. De hecho, los más de 2,5 millones de operarios que actualmente perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) notarán en sus nóminas un incremento retributivo de un 5% con efecto retroactivo desde el 1 de enero, una vez que el Gobierno lo apruebe en Consejo de Ministros.
De esta forma, los salarios más bajos están dando un gran salto al dispararse cuatro veces más que el resto de los contratos en los últimos cinco años y marcando una enorme diferencia en cuanto al nivel de incremento con respecto a las demás retribuciones profesionales que se rigen, no por decisiones políticas, sino por las negociaciones de los convenios colectivos que se llevan a cabo entre la patronal, los sindicatos o entre las propias empresas con el conjunto de sus empleados.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cerró el pasado 12 de enero unilateralmente con el apoyo de UGT y CCOO, y el descuelgue de la CEOE, un incremento que elevó los 1080 euros brutos mensuales por 14 pagas hasta los 1.134 euros o, lo que es lo mismo, 15.876 euros brutos al año para un trabajador a jornada completa.
Desde que gobierna Pedro Sánchez en España el salario mínimo ha subido en España casi 400 euros mensuales, es decir, más de un 54% respecto a los 736 euros que dejó el sueldo base el PP de Mariano Rajoy.
El alza en las retribuciones de las rentas más bajas cumple con el objetivo que se viene marcando el Ejecutivo de acercar las nóminas hasta el 60% del salario medio que se computa en España.
En este contexto, las empresas, ademas, de afrontar las retribuciones de sus empleados y sufragar el aumento del 5%, tienen que pagar un recargo adicional que se suma a la subida de las cotizaciones sociales que se rige por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que eleva el tipo hasta el 0,7%. Así, el coste del trabajador sujeto al SMI experimentará un incremento desde el 1 de enero de entre 90 y 100 euros mensuales con un coste total 1.200 euros extra al año.
Una realidad que iguala a muchos trabajadores con convenios colectivos de mínimos que se sitúan ya en estas cifras y que denuncian un trato muy diferente al ver equiparar su retribución con los salarios más bajos del mercado.
Exenciones
En este escenario, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que este año el Gobierno también compensará la subida del sueldo base aumentando el mínimo exento en el IRPF «para evitar un impacto excesivo en las retenciones» que dejaría el incremento aprobado en casi la mitad.
El Ejecutivo salió así al paso de la propuesta planteada el pasado lunes por el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre ampliar el mínimo exento del IRPF tras la anunciada subida del salario mínimo.
Montero recordó que cuando el PP gobernaba, un trabajador que ganara 15.876 euros al año pagaba 1.111 euros por retenciones en el IRPF. En 2023, este mismo contribuyente pagó 325 euros por retenciones, un 70% menos que con el PP. Y, en 2024, tributará aún menos cuando se actualice la normativa del IRPF a la nueva subida del SMI.
En 2023, el mínimo exento en el IRPF aumentó hasta los 15.000 euros anuales, prácticamente la misma cifra que el SMI, que se situó en 15.120 euros al año. Con el alza del 5% acordado para este año, la nómina se situará en 15.876 euros.
En definitiva, los trabajadores con las rentas más bajas en España mejorarán un año más su poder adquisitivo con el mayor incremento que hay entre todos los colectivos laborales pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que uno de cada cinco trabajadores en España percibe el SMI o menos lo que no le aleja de la pobreza laboral.