Una persona que solicita la eutanasia tarda de media 75 días en recibirla, a pesar de que el procedimiento no debería extenderse más de 35, tal y como indica la norma que regula esta prestación sanitaria legal desde hace ya tres años en nuestro país. La cifra es, no obstante, «muy optimista, porque en Castilla y León tenemos la sensación de que se demora más», indica el portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en la Comunidad, Fernando Sanz. El también médico jubilado explica que en la organización «tenemos conocimiento de muchísimos casos» en los que el tiempo se dilata aún más. Habla de «meses», incluso de «más de un año». La razón podría estar en que la comisión de evaluación «cae en interpretaciones excesivas a menudo y hay una prolongación del proceso» de forma unilateral, casi «voluntaria». Son «impresiones», pero lo que es seguro es que «no hay un conocimiento de la realidad de los pacientes», pues «se hacen valoraciones sin ni siquiera hablar con ellos» y «poniendo en cuestión las decisiones que han tomado los clínicos, incluso permitiéndose, a su juicio, añadir que -el solicitante- no sufre, o le piden informes clínicos complementarios». Así, «la comisión se excede en sus competencias» e interpreta la ley. 

La organización todavía no cuenta con los datos oficiales que el Ministerio de Sanidad, -a través de las comunidades, con las competencias en materia sanitaria-, debería haber hecho públicos con motivo del tercer aniversario en junio de la puesta en marcha de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Lo único que se sabe a ciencia cierta es que «un tercio de quienes solicitaron la eutanasia fallecieron durante el proceso; y eso lo dice el propio Ministerio». La falta de información es uno de los escollos con los que se encuentra DMD, que no cuenta con grupo de trabajo en Soria, pero que puede ayudar en el camino a quien comience el proceso para una muerte asistida. Lo que sí destaca su portavoz autonómico es que «Soria es la provincia que más nuevos testamentos vitales registra cada año, pero tiene uno de los porcentajes más bajos de solicitudes de eutanasia por instrucción previa». Recuerda que el informe del registro de instrucciones previas en la Comunidad «omitía el dato del porcentaje de testamentos vitales en los que se solicitaba la eutanasia», pero tras pedir los datos y después de la aprobación de la ley que la regula, el porcentaje de nuevos testamentos vitales otorgados que incluyen la petición de muerte asistida es del 64% en la Comunidad, del 41% en Soria. Sanz aclara que se son «estimaciones aproximadas sobre datos consolidados obtenidos del portal de transparencia» de la Junta de Castilla y León. 

En materia de instrucciones previas sobre tratamientos y cuidados que se desean recibir al final de la vida «se están produciendo situaciones raras» porque como en el momento de formalizarlas «no se expresa sufrimiento» el contexto se desvirtúa después y la solicitud puede quedar «parada». «Es un ejercicio previo de autonomía plena porque se toma una decisión conscientemente», razona.  

sin información. La información de la que disponen organizaciones como DMD «es escasísima» y por eso se demanda «agilidad» y «transparencia» a la hora de ofrecer los datos sobre lo que es, legalmente, una prestación más del servicio sanitario. «La ley dice claramente que hay que publicar un informe anualmente. No somos la única comunidad que no cuenta con ese estudio, pero es una irregularidad no tenerlo porque es una demanda de la ciudadanía, de las organizaciones, de los medios de comunicación... No sabemos a qué viene tanto misterio», lamenta Fernando Sanz. Esto hace que se ofrezca «una visión incompleta» de la realidad. En teoría, más de 680 españoles habrían podido ejercer su derecho a la eutanasia en estos tres años, aunque más de la mitad de peticiones no habría prosperado y está ese tercio de muertes durante la tramitación. 

El problema, indica el portavoz de DMD en Castilla y León, es que hay «dos momentos críticos» que dilatan los procedimientos. Por un lado, «la dificultad de conseguir un médico responsable porque el primero al que se le ha solicitado se declara objetor de conciencia»; hay que tener en cuenta que «el caso comienza la primera vez que se solicita su registro», cuando la persona se ha decidido a dar el paso y lo comunica oficialmente. Otro momento es «el proceso de verificación previa» donde pueden concurrir varias circunstancias, como «añadir trámites, pedir informes o ir a otro médico», peticiones «que no nos parecen justificadas». Así, «el proceso de validación se prolonga excesivamente, de forma extraña y parece que es algo voluntario». 

Mientras, el tiempo pasa y muchas personas se marchan de la manera que no han elegido. «Para quienes solicitan la eutanasia ésa es su única opción, no es sólo morirse sino hacerlo de una forma determinada y no es un capricho; está perfectamente definida por la LORE con sus características y no caben interpretaciones», sostiene Sanz. El sanitario alude a que algunos críticos de la eutanasia consideran la sedación como alternativa, «pero es algo distinto, sin control ni consciencia, tras un proceso de dependencia absoluta que puede durar horas o días;no tiene nada que ver con la forma rápida, segura y relajada que se elige con la eutanasia».

La muerte asistida suele asociarse con enfermedades físicas, pero la salud mental «también genera sufrimiento», algo que recoge «claramente» la LORE. Y, según Sanz, «se considera erróneamente que [los enfermos mentales] no tienen capacidad de decisión». Además, algunas personas consideran la eutanasia como un suicidio, pero las consecuencias son diferentes. «Hay muchas publicaciones científicas que dejan claro que una muerte por eutanasia es mucho más suave y menos traumática para el entorno que otra causa de muerte, y por suicidio, sin duda», asevera Sanz. Es consciente de que se trata de «un trabajo difícil para los profesionales sanitarios porque  sigue siendo un proceso administrativo largo, complejo y tenso, pero acaban satisfechos porque han podido ayudar» a quien sufría. 

En Soria no hay grupo de trabajo de DMD, pero están abiertos a ello. Los interesados en formar parte o en obtener información pueden contactar por teléfono 613110909 o e-mail: dmdcastillayleon@derechoamorir.org.