El Defensor del Pueblo indaga al centro de Apip-Acam en Abejar

A.I.P.
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El Alto Comisionado para los Derechos y las Libertades ha admitido a trámite la queja de una refugiada argentina por presunta mala gestión del programa de protección internacional

El Defensor del Pueblo indaga al centro de Apip-Acam en Abejar - Foto: EDS

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja que la refugiada argentina Eileen Montilla presentó ante esta institución contra la gestión y el presunto mal trato recibido de la Fundación Apip-Acam durante su estancia dentro del programa internacional de acogida en el antiguo Hotel Puerta de Pinares de Abejar. En un escrito remitido a la denunciante hace unas semanas, el Defensor del Pueblo certifica que ha iniciado una investigación sobre el trabajo de Apip-Acam. La denuncia de la refugiada argentina, no obstante, no es la única que el Defensor del Pueblo ha recibido contra Apip-Acam en Soria. «Se han recibido quejas de contenido similar que motivan que, en el mes de marzo, se iniciaran actuaciones con la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal», añade la institución en el escrito remitido a las denunciantes. Por este motivo, el pasado 8 de junio se realizó «una visita no anunciada al recurso que gestiona la entidad en la localidad de Monflorite (Huesca)», agrega en su contestación el Defensor del Pueblo.

La institución avanza en su escrito que «continúan las actuaciones». Una vez que cuenten con toda la información sobre el caso, adelanta la institución, se informará de la posición que se adopte a este respecto.

En confirmación a El Día de Soria el Defensor del Pueblo indica que no hay un plazo determinado para concluir el informe. «Solicitamos información a la administración competente y ésta está obligada a contestarnos en un plazo razonable de tiempo. Cuando nos llega su respuesta, la analizamos y si no nos satisface o surgen nuevos datos, solicitamos información adicional. Si nos parece suficiente, podemos, bien cerrar la actuación, o bien formular una resolución (recomendación, sugerencia o recordatorio de deber legal)», explica este Alto Comisionado que tiene como misión salvaguardar los derechos fundamentales y las libertades públicas mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas.

Aunque la denunciante ya no reside en el sistema de acogida internacional que Apip-Acam gestiona en la localidad de Abejar tras iniciar una vida autónoma en un piso de alquiler, sigue decidida a continuar el curso de las denuncias que realizó contra la citada Fundación durante sus meses de estancia en el antiguo Hotel Puerta de Pinares. En el tiempo en el que residió junto a su esposa, Constance Agüero, en este centro dentro de la primera fase del programa de acogida y protección internacional ambas denunciaron deficiencias en la comida (también que no era saludable, que era escasa, que se servía fría y que no se conservaba adecuadamente), la falta y escasez de artículos de higiene personal e íntima femenina así como de pañales para los bebés, la falta de privacidad en algunas dependencias del centro, así como la falta de pago de la ayuda de bolsillo (50 euros al mes por persona) y para vestuario y las reticencias a sufragar los gastos derivados de la homologación en España de los títulos de Educación Secundaria por parte de la Fundación Apip-Acam. También alertaron de la falta de transporte a la capital soriana para poder hacer frente a gestiones. Al mismo tiempo pusieron de manifiesto el trato poco respetuoso del personal y la falta de traductores para los no hispanohablantes, entre otras cuestiones.

La denunciante, junto a otras 12 demandantes de asilo de diferentes nacionalidades, interpuso una denuncia conjunta contra la gestión de Apip-Acam ante la Subdelegación del Gobierno de Soria. Esta reclamación se complementó con las que también formalizaron ante la Policía Nacional y la Guardia Civil. Todas ellas se unieron a las que, en el mes de febrero, tramitó otro grupo de refugiados venezolanos, peruanos, argelinos y sirios y que llegaron el pasado mes de julio hasta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria.  El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones realizó el pasado mes de junio una visita de inspección a las instalaciones tras las denuncias.