El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, urgió hoy a las Cortes de Castilla y León a la celebración de una sesión de la Comisión de Economía y Hacienda para la aprobación del Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) de 2024. "De lo contrario se podrían paralizar algunos de los trabajos", advirtió durante una comparecencia en este órgano parlamentario para presentar el informe 'Análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Valladolid, ejercicio 2022'.

En ese sentido, Amilivia apremió a la aprobación de este Plan Anual de Fiscalizaciones, una vez que ya ha sido calificado por la Mesa, por lo que pidió que se reúna cuanto antes la Comisión de Economía y Hacienda para que pueda ser aprobado. En concreto, según informó la semana pasada la Agencia Ical, recoge auditorías a la Gerencia de Servicios Sociales, a la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y concertados de Enseñanza Secundaria Obligatoria y profundizará en el análisis del endeudamiento de la administración autonómica, entre las 28 previstas para este año.

En conjunto, contempla 52 informes, cinco que proceden del plan de 2022, 19 del mismo de 2023 y 28 de carácter legal y especial. Además, el órgano de control ha concluido 15 informes en el año 2023 y tiene prevista la finalización de 13 fiscalizaciones más en el primer cuatrimestre del año 2024.

Como área de relevancia social especial, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, el Consejo destaca una fiscalización que alcance a la promoción y gestión de la vivienda protegida en la Comunidad de Castilla y León.

También, una vez finalizado el examen de la gestión del programa de Deuda Pública correspondiente al Plan 2023, junto con el informe legal acerca de la fiabilidad de la Cuenta General, se aprobará conjuntamente otro que analice más pormenorizadamente la situación y evolución de la deuda pública a la vez que verifique aspectos de legalidad, entre otros el cumplimiento de las reglas fiscales.

Recuerda el Consejo que ya realizó el año anterior una auditoría sobre la Gerencia Regional de Salud en el ámbito sanitario, que ahora amplía con otra en materia de ciberseguridad. En el mismo sentido, se hará otra fiscalización para el Organismo Pagador de la Comunidad, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que gestiona los gastos de la Política Agraria Común.

Completa las fiscalizaciones especiales el análisis de los planes estratégicos de subvenciones de la Comunidad Autónoma, ejercicios 2013-2023. A ellas se unen las de mandato legal, como es la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y la Contratación administrativa celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2023.

En el ámbito local, prevé la fiscalización de las mancomunidades de municipios, de los consorcios, y de otras entidades asociativas de Castilla y León, como fórmulas alternativas a la reducción de la planta local y las relativas a la seguridad informática de los ayuntamientos de Segovia, Soria y Zamora.

Otras fiscalizaciones, en el mismo ámbito, se refieren a los procedimientos de estabilización de empleo temporal de las entidades locales, el establecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios en colaboración con el Tribunal de Cuentas y a determinadas áreas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ante el incremento de su endeudamiento.

Nueve informes pendientes

Asimismo, el presidente del Consejo de Cuentas explicó que la de este lunes es la cuarta comparecencia de este mes de enero, habilitado como periodo extraordinario de sesiones para diversos asuntos. Actualmente, explicó que cuenta el Consejo con nueve informes pendientes de comparecencia, después de los cinco aprobados este mes, y 36 están en tramitación. 

Finalmente, Mario Amilivia señaló que con la de hoy, ha comparecido en las Cortes en 48 ocasiones para presentar 121 informes, lo que supone el 43 por ciento de toda la serie histórica.