En 2021 España se alineó con Europa para protegerlo, y su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) puso freno a su caza. El lobo ibérico dejó de considerarse un trofeo y dio paso a una conservación que ha desencadenado en que actualmente hay unos 2.500 lobos en España, 20.000 en Europa. Ahora, el pleno del Congreso, con los votos a favor de PP, Vox, Junts y PNV, ha dado un cambio de timón al aprobar la eliminación de la protección especial del lobo al norte del Duero (donde vive aproximadamente el 90% de la población), lo que podría permitir su caza en el futuro. Pero, además, abre la puerta a que pueda también rebajarse la protección al sur (donde sigue estando protegido y prohibida su caza). La medida salía adelante hace unos días a través de una enmienda del PP al proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. El lobo vuelve a estar en el foco. La política lo lleva de nuevo al punto de mira tras cuatro de años de protección.
El ambiente hostil vivido en zonas rurales tras el incremento de los ataques al ganado (en 2024 se registraron 3.973 ataques en Castilla y León, lo que supone un 47% más que en 2021) ha podido más que la ciencia (se estima que la población de cánidos solo ha aumentado un 11% en una década). Pero, descendiendo al terreno, ¿cómo puede afectar esta decisión a la provincia de Soria donde aproximadamente la mitad del territorio está al norte del Duero?
Las respuestas cambian sustancialmente según quién responda. Mientas el sector primario celebra en bloque la noticia y cree que viene a darles la razón ya que la especie estaba «sobreprotegida» y estaba causando «graves pérdidas y un daño irreparable» a los ganaderos de extensivo; los conservacionistas y ecologistas consideran que es un error que puede poner en peligro al «último depredador carnívoro que nos queda».
Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, Félix Rodríguez de la Fuente - Foto: IcalY en el plano político... el lobo se ha convertido en un tema central. Mientras desde el Gobierno lamentan el acuerdo impulsado por la derecha, desde la Junta de Castilla y León festejan la noticia. De hecho, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, anunció ya que habrá una «siguiente fase» en la que la Junta solicitará la gestión del lobo también al sur del Duero. A su juicio, el acuerdo alcanzado supone «volver al equilibrio entre la ganadería y el lobo, para garantizar el sector productivo en el medio rural, pero también apoyar a la especie de forma equilibrada, como se ha hecho estos años».
Sin manadas estables en Soria.
Para conocer el efecto que puede tener esta medida en Soria es importante saber de dónde partimos. El último censo regional de lobo ibérico elaborado por la Junta de Castilla y León se corresponde al periodo 2022-2023 y cifraba en seis las manadas que recorrían el término soriano: «La provincia de Soria es área de campeo de seis manadas, teniendo cuatro el centro de actividad en la provincia. Representan el 3,1% de las manadas de la comunidad. Dos manadas son compartidas con La Rioja y una con Castilla La Mancha», decía textualmente el informe.
«La situación en Soria es que hubo hace casi 15 años cuatro manadas establecidas y una compartida, pero desaparecieron porque el furtivismo que existe es muy alto. En la actualidad no hay manadas establecidas, y el último censo lo que dice es que el terreno de Soria es ocupado de manera puntual por ejemplares dispersantes procedentes de regiones aledañas como es Segovia o La Rioja, pero sigue sin haber manadas establecidas dentro del término, científicamente probado. Sí que hay ejemplares que entran y salen, pero no manadas establecidas». Las declaraciones son del investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), Carlos Javier Durá, quien conoce bien el tema por los trabajos que ha realizado al respecto en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pero, también, porque durante los últimos seis años ha vivido en Soria trabajando como investigador en el Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) y su interés por el tema le llevó a compartir experiencias, rastreos y conversación con [posiblemente] el mayor conocedor del lobo en Soria, Valentín Guisande.
Durá afirma que «en los últimos 30 años se ha experimentado una recuperación de las poblaciones de lobo tanto en Europa como en España», un hecho que justifica en «la legislación, la educación ambiental, la concienciación, el avance del derecho ambiental...». En materia normativa, alude a la «apuesta» que desde la Unión Europea se hizo «por la coexistencia», con acuerdos como el Convenio de Berna, un tratado internacional que se adoptó en 1979 y entró en vigor en 1982 que tiene por objeto garantizar la conservación y la protección de las especies vegetales y animales silvestres y del medio natural; pero, también, con sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que «van en la dirección de aprender a convivir con el último carnívoro que nos queda». «La justicia europea [con hasta cuatro sentencias en la misma dirección] dice que hay que apostar por la aplicación de la ciencia y que nunca tiene que ser la caza el primer recurso, sino que se tienen que agotar de manera previa las medidas preventivas (uso de perros mastines, la figura del pastor y guardar el ganado por la noche) y, cuando éstas fallen y no quede más remedio, se podrá aplicar el control, pero siempre bajo el punto de vista de un equipo científico que determine cómo hacer esa extracción de ejemplares», repasa el investigador.
Estas políticas europeas -trasladadas a los Estados miembros y, entre ellos, a España- han permitido llegar donde estamos: «En España estuvo a punto de desaparecer en los años 70 pero actualmente hay unos 2.500 lobos».
Sin embargo, lamenta Durá, «de golpe y porrazo a nivel europeo se ha modificado el Convenio de Berna por la presión de determinados grupos y, de golpe y porrazo, basado en decisiones políticas, se sustituye a la ciencia y, sin ningún tipo de justificación ni criterio técnico, se ha rebajado la protección a nivel europeo. Y también ha sucedido lo mismo a nivel nacional».
Las decisiones se han adoptado «sin evidencia científica», insiste una y otra vez este investigador, que lamenta «el uso» que se hace del lobo a nivel político.
«Uso político» del lobo.
Los grupos lo utilizan políticamente porque no quieren resolver el conflicto, porque les genera votos en el medio rural», argumenta Durá. Califica de «argucia legal» el acuerdo alcanzado en el Congreso que, a su juicio, supone «dar un paso atrás» para la protección del lobo y, con ello, para la protección de nuestro patrimonio natural. Porque, avisa, «el lobo es una especie clave, fundamental en los ecosistemas». Alude al papel de este cánido para controlar las poblaciones de herbívoros que transmiten enfermedades y causan daños en las cosechas. También, para reducir los accidentes de tráfico, ya que el lobo controla y sanea especies como corzos, jabalíes... que, en Soria, están detrás prácticamente de ocho de cada diez accidentes que se registran en las carreteras. «La PAC debería estar correlacionada con la presencia de lobo en el territorio», considera a la vista de estos datos.
El conservacionista defiende «la convivencia con el lobo», algo que cree que es «relativamente fácil», siempre y cuando «se haga de manera profesional la actividad de la ganadería». Se refiere a la necesidad de invertir en medidas preventivas: pastor, uso de mastines y guardar el ganado por la noche. Precisamente para ello, recuerda, el Ministerio ha destinado en los últimos ejercicios (desde que el lobo se incorporó al LESRPE) 20 millones de euros al año, diez para medidas preventivas y diez para indemnización de daños. Con el acuerdo alcanzado, «este dinero es probable que las comunidades lo pierdan, por lo que tendrá repercusión en Castilla y León, y en Soria», aventura.
El modelo a seguir, a su juicio, sería «la montaña de León, donde nunca ha desaparecido el lobo» y hay una convivencia. Allí «apenas hay conflicto» porque «hay una profesionalidad muy grande y se está constantemente vigilando y custodiando al ganado». En Soria, sin embargo, «el hecho de que desapareciera el lobo durante 30 años propició que los propietarios del ganado no se vieran con la necesidad de estar siempre acompañando al ganado, como siempre se ha hecho. Dejan el ganado solo por el monte y, entonces, llega el lobo recuperando el terreno perdido, recolonizando, y es cuando surge el conflicto», explica. Por ello, el investigador mira también al sector ganadero para buscar ese equilibrio y convivencia.
El sector primario celebra la medida.
En los profesionales del campo el punto de vista es bien distinto. Asaja, COAG y UPA Soria han acogida la medida con «alegría» porque, denuncian, el lobo «está sobreprotegido» y «está provocando muchas pérdidas y daños» en el sector que, además, «son difíciles de cuantificar». «No son solo los animales que fallecen, son otros muchos daños que no son valorables cuantitativamente en una primera inspección, los animales que luego tienen problemas de abortos, los que desaparecen sin rastro (y que el ganadero apunta como posibles pérdidas por el lobo pero que no pueden justificar y no se pagan)... Hay un parte importante que no se cubre», denuncia el presidente de COAG Soria, Alfredo Cabrerizo. «Y no es solo perjuicio económico, es también moral», añade Diego Escalada, portavoz de la sectorial ganadera de Asaja Soria. Alude a la «carga psicológica» que supone «no saber qué te vas a encontrar mañana cuando vayas a ver tu ganado». Al «malestar» que implica «que no puedes organizar tu explotación como quieras». A que esta situación está incluso «condicionando el manejo del ganado».
En este sentido, Raúl Ramírez, secretario de UPA Soria y quien conoce a la perfección el problema porque él mismo ha sufrido en su propia cabaña el ataque del cánido, explica: «El lobo nos está haciendo cambiar el modo de gestión de extensivo puro». Entre otras cosas, algunos ganaderos se han visto obligados a trasladar sus animales a zonas más seguras, llegando a dejar superficies de pasto en la sierra sin explotar. No obstante, Ramírez hace también autocrítica y avisa: «El lobo ataca dos veces porque muchas veces no ponemos los medios nosotros mismos».
Aunque ninguna de las tres organizaciones agrarias dispone de datos provincializados sobre los ataques que ha soportado el sector, aseguran que son «numerosos» y, advierten además, en los registros oficiales no están todos los que son. Porque «el ganadero lo acaba asumiendo muchas veces como una pérdida de la explotación y no da parte». Porque «muchas veces no aparece el animal y no puedes demostrar el ataque». Y, porque, reprueba Ramírez, «a veces vamos directamente a lo cómodo y rápido, al seguro, de modo que a la Junta apenas llega el 20-30% de los ataques que realmente se producen», estima. A esto se suma, denuncia además Escalada, que «las compensaciones -que no ayudas- que paga la Junta se han quedado obsoletas».
A la vista de esta situación, desde las tres OPAs sorianas consideran que el acuerdo del Congreso viene a «darles la razón» en lo que venían diciendo desde hace tiempo, que «la protección del lobo no era ni lógica ni soportable» porque «se estaba poniendo por delante de la protección a los ganaderos». Y, aunque no dan la batalla por ganada, creen que este «primer paso» les refuerza para seguir avanzando en su guerra ya que, esperan, «el siguiente paso sea levantar la protección al sur del Duero».
No extinguir, controlar
Según los datos oficiales publicados en el último censo de la especie, los lobos en Castilla y León han aumentado menos del 8% en los últimos diez años, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 0,8%, es decir, la menor en una década desde los años 70. En Soria había cinco manadas en 2000-2001, cinco en 2012-2013 y seis en 2022-2023.
Desde el 2006 hasta el 2021 se mataron en Castilla y León, por caza y controles de población, un total de 1.104 lobos. La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) puso a cero este contador. Ahora, la decisión del Congreso de levantar la protección al norte del Duero -pendiente aún de su publicación en el BOE- anuncia de nuevo un control de la población a través de la caza que, desde las organizaciones agrarias sorianas, celebran. No obstante, advierten desde Asaja, COAG y UPA, «en ningún caso» se busca ni se pide «la extinción del lobo ibérico de la provincia de Soria», sino poder «convivir» sin poner en riesgo la viabilidad el sector ganadero. «Hay auténticas manadas acosando al ganado y perdiendo el miedo al ser humano. Se ha dado un primer paso y se ha reconocido que teníamos razón. No queremos la extinción, pedimos un control poblacional que permita compatibilizar la población del lobo con la práctica extensiva de ganado», resume Alfredo Cabrerizo.