Era septiembre de 2012 cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se presentó en La Moncloa para una reunión con Mariano Rajoy en la que llevaba la propuesta de un pacto fiscal a la vasca que permitiera a Cataluña recaudar todos los impuestos y luego pagar un cupo al Estado por los servicios prestados. La negativa de Rajoy a estudiar esa propuesta se señala como el comienzo del 'procés' independentista, y que casi doce años después el Gobierno de Pedro Sánchez intenta dar por finiquitado con la cuestionada ley de amnistía.

Doce años después el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, vuelve a realizar la misma petición solo que ahora su exigencia viene refrendada por el pacto entre ERC y el PSOE para garantizar la estabilidad de la legislatura y el compromiso de que los socialistas apostarán "por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación".

La situación fiscal vasca, con el Concierto y el Cupo, recogidos en la Constitución por su singularidad histórica y avalado por la justicia europea, pese a las características de insolidaridad con el resto de los territorios que conlleva, ha sido siempre el desiderátum de los independentistas catalanes por su carácter de soberanía fiscal que representa. Habría que preguntarse qué es lo que ha ocurrido para que esta cuestión vuelva a ser puesta sobre la mesa. La debilidad parlamentaria del Gobierno es una de las respuestas, pero la más importante es que en estos doce años no se ha modificado el sistema de financiación autonómica porque, por distintas circunstancias, no se ha encontrado el momento para abordarla y porque Cataluña ha seguido infrafinanciada y no se han realizado las inversiones previstas. Esta situación, sin embargo, no es privativa de Cataluña porque todas las autonomías del régimen común se encuentran en la misma situación y demandan una mayor participación en los impuestos que recauda el Estado para cubrir los servicios públicos cuantitativa y cualitativamente.

La propuesta, que se convertirá en la principal oferta electoral de ERC, va en la línea de seguir apretando tras haber conseguido la ley de amnistía y como paso intermedio del pretendido referéndum de autodeterminación. Pero la oferta de un diálogo singular con Cataluña no puede incluir su soberanía fiscal para atender a sus demandas de una financiación adecuada -y ahí el PP tiene su parte alícuota de responsabilidad para que sea imposible un acuerdo marco-, porque si la singularidad con Cataluña supondría un trato de favor y un agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas tampoco se puede mantener el mismo agravio sobre Cataluña, que como otras regiones demandan mejorar su financiación.

La batalla electoral con el marco fiscal de fondo ya está lanzada. Tanto el PSC como ERC coinciden en la necesidad de que Cataluña tenga una financiación justa, y aunque en ambos casos hablan de que sea solidaria con el resto de los territorios el candidato del PSC, Salvador Illa pone el acento en que la negociación del reparto de los fondos debe realizarse de forma multilateral, una cuestión que los dirigentes independentistas catalanes rechazan de plano por su aversión al café para todos. La propuesta de "unir y servir" de Illa choca de frente con la subida de la apuesta de ERC.