El Grupo Parlamentario Socialista pidió hoy una moratoria que impida la implantación de proyectos de macrogranjas que "proliferan" en Castilla y León. Algo que, sin embargo, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, aseguró no ver.
En el debate mantenido en el pleno de las Cortes de hoy, González Corral denegó el concepto de macrogranjas ya que la normativa básica de regulación de estas infraestructuras las denomina como granjas intensivas y, además, aseveró: "No veo tal proliferación".
Todo ello como respuesta a la pregunta del procurador socialista Luis Briones, que cuestionó las medidas de la Junta para evitar la proliferación de este tipo de infraestructuras ganaderas de la que aseguró que ya advirtieron desde su formación en 2020 y 2021 sin que en el Gobierno autonómico "hicieran caso".
Ahora, aseguró Briones, "las localidades están al límite y los ciudadanos hartos de proyectos que la Junta sigue autorizando sin ningún tipo de control" y que señaló que "afectan negativamente a la calidad de vida de más de 55.00 habitantes" de la Ribera del Duero, debido a que "más del 80 por ciento del agua para consumo tiene contaminación por nitratos", según los estudios de la UBU y el Ministerio de Sanidad.
Además, según el Grupo Parlamentario Socialista, "no crean empleo y ponen en peligro uno de los buques insignias de la Comunidad", como es la Denominación de Origen Ribera del Duero, y causan "un daño irreparable" al enoturismo vinculado al sector del vino y a una ruta "de las más importantes, visitada por miles de personas".
Por ello, pidió a la Junta la aprobación de una moratoria que impida la implantación de estos proyectos, "como han hecho otras comunidades", porque lo contrario "será la ruina de la Denominación de Origen Ribera del Duero y la comarca". Algo que, aseveró, será "responsabilidad" de la Junta.
Pero en su respuesta, González Corral abogó por "la importancia de la convivencia" entre el sector del porcino y el viñedo por su "lugar destacado" tanto para la creación de riqueza como de empleo en la Comunidad, "sobre todo en el medio rural". Por ello, consideró que el objetivo "si hay diferencias, es buscar soluciones desde el diálogo entre ambos sectores estratégicos" para Castilla y León.
Además, recordó a Briones que "la actual normativa que regula la capacidad de las granjas es estatal", con un número máximo de cabezas y unas condiciones higiénico sanitarias con las que "si no está de acuerdo, debería dirigirse al Ministerio para plantearle la reducción del número de cabezas".