Después de cuatro presidentes independentistas y 14 años de gobiernos nacionalistas -Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès-, el socialista Salvador Illa retoma el testigo que dejó José Montilla (2006-2010) para liderar un Ejecutivo con la marca del PSC tras ser investido el pasado jueves gracias a los apoyos de su partido, ERC y los Comunes.
Pero este recorrido desde las elecciones regionales del pasado 12 de mayo, que ganó el PSC con 42 escaños, por delante de Junts (35) y de ERC (20), para que Illa se alzase con la Presidencia de la Generalitat ha sido un camino de espinas. El socialista ha tenido que negociar lo innegociable, como pactar con los republicanos una nueva autonomía fiscal para Cataluña, que ha levantado en armas al resto de las autonomías y a una buena parte de los barones del PSOE, además de sortear las peripecias del fugado Carles Puigdemont, que al final no logró dinamitar la investidura del socialista pese a su regreso a España y posterior huida de película.
La entrega de la recaudación de todos los impuestos a Cataluña no ha sido la única cesión dada a los independentistas, una medida que a todas luces rompe con el sistema de igualdad de los españoles y que semanas antes negaron por activa y pasiva que fueran a hacer. Pero el ansia de los socialistas por tener la llave no solo de la Moncloa sino también el de la Generalitat les ha llevado a otorgar a los secesionistas casi todas sus demandas: desde el blindaje de la lengua catalana hasta el mantenimiento de las embajadas en el exterior que el Govern creó en la etapa del procés, además de ciertas dádivas deportivas como la promoción de las selecciones deportivas catalanas, una de la reivindicaciones clásicas del independentismo catalán.
Solo así, Pedro Sánchez y Salvador Illa han logrado su objetivo: recuperar la Presidencia de la Generalitat para los socialistas, pero ¿a qué precio?
Guiño a Junts
Para lograr los votos necesarios para mantenerse en la Moncloa, Sánchez ya había allanado el camino a los secesionistas y a los de Puigdemont con más cesiones. El presidente del Gobierno se plegó a cambiar el Código Penal para eliminar el delito de sedición e incluso presentó y aprobó la Ley de Amnistía para todos los condenados y fugados por el procés, una prebenda que, recordemos, también había negado meses antes que no haría.
De la misma manera que el independentismo quería entonces la ley del perdón y la tuvo, ahora ERC exigió la financiación y el PSOE la ha firmado. Pero no es tampoco el único guiño que hemos visto en las últimas semanas.
Durante su discurso como nuevo president, Salvador Illa se sumó a las exigencias de Junts y pidió una aplicación «ágil, rápida y sin subterfugios» de la Ley de Amnistía, dando a entender que los jueces deberían permitir al fugado Carles Puigdemont regresar a España con todas las garantías políticas.
Y fue más allá, al avanzar que la comunidad debe mirar al futuro, dentro de una nueva etapa en donde Cataluña debe valerse por sí misma dentro de una «España plurinacional».
También explicó que aunque gobernará solo, ya que el pacto con ERC y los Comunes solo es de investidura y no de legislatura, ellos serán sus socios preferentes, e incluyó al resto de los grupos de la Cámara regional a excepción de profesan «discursos de odio».
En cualquier caso, los republicanos ya indicaron que no se fiaban de los socialistas y que estarán muy pendientes para que el nuevo president cumpla con todo lo acordado para su investidura, desde la independencia fiscal a la gestión de las infraestructuras de transportes en Cataluña. Todo, porque de no ser así, romperán no solo con el PSC en el Parlament sino también con el PSOE de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados
Apunta convulsa esta nueva legislatura que comienza para Illa, acorralado por los acuerdos con ERC y los Comunes y presionado por su partido en Madrid para que no haga enfadar a Junts y peligre el sillón de Sánchez en la Moncloa.