El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria acordó imponer una multa de 150.000 euros a la empresa promotora  por haber levantado una planta más en el edificio Pajaritos II sin que estuviera contemplado en el proyecto de obra, según dio a conocer hoy el Grupo Municipal Popular, cuya portavoz, Belén Izquierdo, indicó que la sentencia recoge que la empresa constructora cometió "una infracción grave". "La empresa ha cometido una ilegalidad barata. No se puede permitir que una ilegalidad se quede sin sanción", expresó.

El Juzgado rebajó la multa que, en principio, se planteó en 300.000 euros, debido al  informe de un técnico municipal que recogió que la obra es "legalizable", según destacó el concejal 'popular' Saturnino de Gregorio.

Belén Izquierdo señaló que el PP se personó en la causa para "defender la conveniencia de la sanción impuesta en defensa del interés general y la legalidad", y subrayó que para la empresa no existía la quinta planta sino que esta se utilizaba para alojar los servicios generales (conductos de ventilación, chimeneas, casetones de ascensores) del edificio y placas solares.

El PP mantuvo que las obras se ejecutaron sin dar cumplimiento a la licencia otorgada, y que se levantó una altura más de lo permitido, por lo que incumplió la legalidad y el planeamiento vigente, un extremo que ya fue ratificado en otra sentencia. "Dos arquitectas municipales visitaron la obra y el representante de la promotora les trasladó que los paneles solares no estaban previstos y no iban a ser instalados. Esto lo recoge la sentencia. Por lo que puede concluirse que todo lo construido por encima del forjado de la cuarta planta no tiene justificación técnica a ninguna", precisó.

Además, también recoge, según la portavoz del PP, que algunos informes técnicos municipales "pierdan por completo" la perspectiva legal, ya que las obras deberían estar ajustadas al proyecto y sólo se analizaron desde el Ayuntamiento cuando se planteó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para intentar que la obra se ajustara a la legalidad.  "La sentencia concluye que la infracción se cometió y que las consecuencias no pueden ser otras que la imposición de la ley", resaltó.

Saturnino De Gregorio señaló que el PP esperará a que la sentencia sea firme para exigir que se eleve la cantidad de la sanción, y recordó que la condenatoria al Ayuntamiento de Soria por esta actuación no será recurrida por el equipo de Gobierno.

Por otro lado, precisó que al Grupo Municipal del PP le falta mucha documentación, ya que quiere saber qué pasó para que se asuman responsabilidades políticas, y agregó que pidió la convocatoria de una  Comisión de Investigación, que fue rechazada con los votos mayoritarios del PSOE, ya que la empresa aseguró que se habían mantenido una reunión para abordar el exceso de obra al "más alto nivel". "Aquí hay responsabilidades políticas y nadie quiere asumir nada", aseguró Saturnino

Por su parte, Izquierdo afirmó que la sentencia recoge como los miembros equipo de Gobierno del Ayuntamiento tuvieron una actitud de "benevolencia y magnanimidad" respecto a todo el expediente, y aseguró que la estructura del edificio estaba prácticamente acabada antes de tener la licencia. "Esto ha estado consentido de alguna manera", criticó.

Asimismo, indicó que que el PP ha ganado los dos juicios que planteó contra esta irregularidad urbanística, y todavía resta de conocer la resolución respecto a la permuta, una causa "compleja". "Queremos saber por qué una empresa se atreve a no cumplir la licencia. Han aparecido 'seudopropietarios' que dieron una entrada o señal para adquirir un ático de la quinta planta cuando la empresa decía que no había esa quinta planta", concluyó para indicar que contra esta sentencia cabe recurso por parte de la promotora.

El Partido Popular quiere que Domus pague la máxima sanción económica por la "infracción urbanística grave" cometida con la construcción de la quinta planta de Pajaritos, levantada sin licencia, que vuelve a confirmar una nueva sentencia, en este caso del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria. En concreto, el PP exigirá que asuma los 300.000 euros propuestos inicialmente, y no los 150.000 euros que se fijaron tras desestimar las alegaciones presentadas por Domus que ha vuelto a rechazar la Justicia. La empresa tiene 15 días hábiles para presentar un recurso.

Por su parte, el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, recalca que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria viene a ratificar que la sanción propuesta por el Consistorio "está bien puesta". La multa que confirma la declaración de ilegalidad de las obras que ya emitió el Ayuntamiento, destaca el edil. A partir de ahí, el responsable de Urbanismo aclara que "no hay nadie viviendo en esa quinta planta del edificio" y que, por tanto, no puede decirse que hay "un beneficio económico para la empresa". Rey admite que el equipo de Gobierno municipal fue lento en reaccionar, "tardamos, sí, pero declaramos ilegales las obras", un hecho y una propuesta de sanción que ahora, insiste, refrenda esta sentencia judicial. 

En este sentido, el responsable municipal de Urbanismo recalca el cinismo del PP haciendo "caballo de batalla con un tema en el que juzgado, además, lo que hace es dar la razón al Ayuntamiento de Soria". Para Rey está claro que el Partido Popular sólo quiere "confundir a la ciudadanía". "Ya le vale al PP", concluyó, recordando que este partido fue, en tiempos de la alcaldesa popular Encarnación Redondo, responsable del polémico convenio urbanístico del cerro de los Moros.