E l extenuante juego negociador que vienen protagonizando el PSOE y Junts desde la investidura de Pedro Sánchez intenta construir un gigantesco paraguas protector (básicamente para guarecerse ante los jueces) que ampare a todos los implicados en el procés y las causas que aún tienen pendientes con la Justicia. El tira y afloja de socialistas y conservadores catalanes para suscribir pactos in extremis lleva camino de ser la imagen más repetida de una legislatura tan convulsa como es la actual. 

El primer episodio revelador de esta singular alianza se vio a principios del pasado mes en el Senado, cuando Junts se ufanó de los extras que había arrancado al Gobierno por auxiliarle y permitirle sacar adelante sus primeros decretos, las leyes anticrisis y ómnibus.

 Los postconvergentes presumieron de que se habían echado para la saca la delegación «integral» de las competencias de inmigración para la Generalitat (incluida la expulsión de reincidentes) y haber allanado el camino para la polémica amnistía acordando la supresión de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento civil. 

Posteriormente, siguiendo el guion habitual, el PSOE rebajó la euforia de los independentistas. La política propia en inmigración, el Ejecutivo la diluyó hasta convertirla en una delegación de competencias enmarcada, además, por la normativa europea y su reciente pacto migratorio. Y donde Junts se felicitó por haber dado un nuevo impulso al perdón al procés, el ministro Bolaños sostuvo que apenas había cambiado nada.

A juicio de muchos letrados, esta reducción que defiende el Ejecutivo en el capítulo de inmigración tiene un sustento jurídico sólido. «No se puede romper el marco común derivado de la UE y de la Constitución», advirtió en este sentido Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Los juristas lo tienen claro: la atribución por el artículo 149 al Estado de la competencia exclusiva en «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo» hace «intransferibles» las decisiones en esta materia que reclama Junts.

Cataluña ya dispone de competencias en este ámbito, pero la nueva cobertura no implica que una autonomía pueda deportar a inmigrantes. «Para empezar, las expulsiones necesitan un proceso judicial, así que Junts no puede expulsar a nadie», advierte Teresa Freixes, catedrática de Derecho en la Universidad de Barcelona.

«No se expulsa de Cataluña, se expulsa de España, que es la que tiene las fronteras con la UE», apostilla Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria de la fundación Hay Derecho. Y las garantías constitucionales son «comunes» a todo el país, añade Carmona.

Así, todo apunta a que, en determinados pactos, del dicho al hecho hay mucho trecho.